“La justicia debe actuar de manera que se proteja la vida y la integridad de la víctima”, escribió el camarista penal Fabio Mudry en una resolución a través de la cual anuló un fallo de primera instancia y dictó la prisión preventiva para un joven de la localidad de María Juana, que por segunda vez en seis meses fue beneficiado con la libertad bajo alternativas, tras protagonizar sendos episodios de violencia de género.
La decisión de encarcelar a Ramiro Cornalis -actualmente preso en Sastre-, fue notificada a las partes el 4 de septiembre, tras una audiencia de apelación celebrada el 21 de agosto por videoconferencia, de la que participaron el fiscal Jorge Nessier; los abogados Martín Durando -por la querella- y Sebastián Oroño por la defensa; y el propio imputado que siguió el debate desde su lugar de exilio en la ciudad de San Francisco, en Córdoba.
Tenés que leerViolencia de género: él debió mudarse de provincia, ella pide que vaya presoEl caso tuvo amplia repercusión pública en la provincia y el país a fines del año pasado, cuando Débora Actis, de 22 años, difundió un video para denunciar a quien entonces era su pareja, de una brutal agresión sufrida después del boliche, la mañana de Navidad. En esa oportunidad, el juez penal de San Jorge, Pablo Ruiz Staiger le otorgó la libertad bajo alternativas.
Seis meses después, la escena se volvió a repetir. La denuncia la hizo la madre de Débora el domingo 28 de junio, tras 5 horas sin tener noticias de su hija y tras ver una foto que circuló en redes sociales de Débora y Ramiro bajo la leyenda: “Última cena antes de la partida”.
Según el relato de la mujer, él la interceptó cuando iba camino a la casa de una amiga, la amenazó con un cuchillo para secuestrarla y llevarla a un campo cercano, donde incluso la amenazó con prenderla fuego. La policía los encontró en un descampado a las 3.35 de la madrugada, adentro de un auto. Cornalis fue imputado el 1° de julio y al día siguiente el mismo juez le volvió a dar la libertad, esta vez, con la condición de que se mude a la ciudad de San Francisco, a la casa de un familiar.
El fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni y el querellante Durando apelaron la resolución del 2 de julio que le dio la libertad con alternativas a Cornalis y el viernes pasado se conoció la resolución.
“Entiendo que la sola comisión del delito de desobediencia de la orden de restricción amerita la imposición de la cautelar más gravosa”, afirmó el Dr. Mudry, que valoró positivamente el relato de la víctima, más allá de “indicios ciertos de que podemos estar ante una relación de las que son calificadas por los estudios de género como tóxicas y violentas, con una evolución incierta pero probable del denominado ‘círculo de la violencia’”.
“Quién viola una medida de distancia, quién hostiga constantemente a su ex-pareja para regresar, no ha de tener obstáculo alguno en seguir haciéndolo”, continuó el camarista, tras lo cual sostuvo que “ni la prisión domiciliaria, ni las alternativas son suficientes en este momento para neutralizar el peligro procesal".
A propósito del argumento de la defensa de que el último encuentro habría sido provocado o requerido por la víctima, “es irrelevante”, dijo Mudry, para quien la posibilidad de que el imputado vuelva a violar las medidas de distancia “es cierta y será tomada como un factor esencialmente de peligrosidad procesal”.
En tal sentido, el juez Mudry afirmó que “la justicia debe actuar de manera de que se eviten los riesgos procesales y se proteja la vida y la integridad de la víctima”. “Numerosos fallos han señalado la importancia de que casos como el que nos ocupa sean analizados y juzgados con perspectiva de género, la que en manera alguna constituye una corriente política sino que es una obligación de coherencia dictada por el sistema jurídico que nos rige”.
En la misma línea, el magistrado consideró acreditados otros riesgos procesales, como la de autoría y pena en expectativa, teniendo en cuenta que se lo acusa por los delitos de “tentativa de homicidio doblemente agravado (por haber mantenido el autor con la víctima una relación de pareja y por mediar violencia de género), en concurso ideal con los delitos de rapto, amenazas con armas y privación de la libertad, en concurso real con desobediencia a orden de funcionario judicial”.
Débora Actis se constituyó como querellante en la causa el 5 de mayo de este año. Sin embargo, el abogado que la representa no fue citado a ninguna de las audiencias por los hechos de junio. Eso derivó en una impugnación y su posterior inclusión. En tal sentido, el camarista Fabio Mudry expresó que “el juez (Ruiz Staiger) debió citar a la parte querellante representada por el Dr. (Martín) Durando”, y que por ello se vio “vulnerado el derecho de la víctima a estar representada”.
Sobre la nulidad que trajo aparejada “entiendo que es precisamente esa la consecuencia ineludible en tanto que no es posible tener por válida una audiencia en la que no fue siquiera convocada una de las partes del juicio”, cuestionó.