La llamada Operación Colombo, un elaborado montaje para matar y hacer desaparecer a 119 opositores de la dictadura cívico militar chilena, tuvo lugar en 1975. Y para concluir el plan se publicó una noticia falsa en la revista argentina Lea, creada especialmente para ese fin, y en el diario brasileño O Dia que entonces se reimprimió únicamente para difundir la información de que las víctimas habían sido asesinadas por sus propios compañeros debido a purgas internas.
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El montaje mediático realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la entonces Policía secreta del régimen militar, afirmaba que 19 mujeres y 100 hombres habían muerto en otros países. En su mayoría eran jóvenes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que habían sido detenidos entre mayo de 1974 y febrero de 1975.
Tenés que leer"Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde Pinochet"La información fue reproducida por Agencia UPI y tres diarios chilenos de circulación nacional: La Tercera, El Mercurio y La Segunda. El objetivo de la intrincada operación de inteligencia era desacreditar las denuncias en tribunales sobre personas que habían sido detenidas y luego desaparecieron a manos de los servicios represivos de la dictadura.
Además, la falsa noticia acusaba de actos criminales a sectores de la izquierda para infundir temor a quienes continuaban resistiendo contra el régimen. El montaje comunicacional fue desbaratado años después a través de investigaciones judiciales que pudieron comprobar la estrategia articulada para ocultar la verdad.
Cuatro décadas y media después, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallo de segunda instancia respecto a los secuestros calificados de 16 de las 119 víctimas del operativo de la DINA. La decisión judicial absolvió a 31 agentes que habían sido declarados culpables en primera instancia como autores de los asesinatos, además de otros 30 anteriormente condenados como cómplices.
Por otro lado, en esta segunda instancia, la Corte condenó a 42 agentes de la DINA, pero ninguno irá a la cárcel, ya que fueron todos beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena. El fallo fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera (mismo que ha perseguido al juez Daniel Urrutia) y Mireya López, y modificó de manera sustancial la sentencia de primera instancia dictada por el magistrado en visita Hernán Crisosto Greisse.
El fundamento de esta rebaja de las penas, y que permite que ninguno de los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan ningún día de cárcel, es la aplicación a todos ellos de la atenuante de la irreprochable conducta anterior y de la media prescripción.
Para la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD), Lorena Pizarro, en diálogo con Sputnik, este fallo resulta "inaceptable y es volver a insultarnos, a ofendernos, a perseguirnos y a golpearnos. Y es además muy doloroso. Qué haces con tanta impotencia de llevar tantos años exigiendo justicia y que al final un grupo de ministros vuelvan a expresar en un fallo su absoluta lealtad y defensa con la dictadura cívico-militar. Es extremadamente doloroso, pero también extremadamente indignante".
"Este fallo constituye un serio retroceso para la causa de los derechos humanos y un nuevo grave incumplimiento del Estado de Chile de sus obligaciones de establecer la Verdad, hacer Justicia y otorgar la debida reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura", explica a Sputnik Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH).
La presidenta del AFDD coincide en que este fallo es "un retroceso brutal que se viene configurando como retroceso desde que asume este Gobierno de extrema derecha", porque se da, en su opinión, en el marco de un Chile que está volviendo a vivir de manera sistemática violaciones a los derechos humanos.
"Entonces una vez más este mismo Poder Judicial que nunca acogió un recurso de amparo, y por lo tanto nunca salvó la vida de ningún hombre o mujer que fue perseguido durante la dictadura cívico-militar, por lo tanto, no fueron cómplices pasivos como los quiso denominar Sebastián Piñera (en su primer Gobierno), sino que fueron parte del andamiaje terrorista".
Décadas de impunidad y negacionismo
Lorena Pizarro es tajante y considera que la impunidad finalmente se intenta imponer con esta sentencia. Porque para ella después de tantos años de lucha por verdad, por justicia, y "por instalar en el consciente colectivo que la práctica de desaparición forzada es un tema que hasta el día de hoy no se resuelve, nos enfrentamos a un murallón de impunidad que hemos logrado fracturar en ocasiones, pero nunca hemos logrado echar abajo".
Por su parte, Nelson Caucotto, abogado querellante en la causa, indicó la prensa tras la sentencia que "resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la Justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como este".
Para el abogado, "se violenta el sentido común y el sentimiento de justicia, cuando acreditados 16 secuestros calificados, no existe ninguna condena de cárcel efectiva. ¿Qué valor se asigna a la vida de estos 16 chilenos que fueron secuestrados y hechos desaparecer por una dictadura brutal, y que los mantiene hasta hoy sin saber dónde se encuentran o donde fueron dejados sus restos? ¿En qué pie queda la garantía de no repetición que obliga a Chile en el concierto internacional? Se puede secuestrar y hacer desaparecer a decenas de víctimas y quedar en libertad. Eso es impunidad, pura y dura".
"Cuando tú dejas libre a todas y todos, cuando vienes a desconocer todo lo que se ha conocido respecto a la dictadura cívico militar, hoy día es encontrarte frente a un murallón no solo de impunidad, sino que avanza a institucionalizar el negacionismo desde el poder judicial al inicio de este gobierno de extrema derecha, ha sido desde el poder ejecutivo", advierte Lorena Pizarro.