La tensión económica con Cristina delante de Alberto

Para poder crecer a una modesta tasa -indispensable y posible- del 3,5% del PBI de manera sostenida en 10 años, el país necesitaría inversiones del 23% del Producto, 6 puntos por encima del promedio de los últimos 6 años. El cálculo de Martín Redrado es un buen punto de referencia que no puede ser invalidado por oposición al PJ ni por falta de pertinencias técnicas, o por ostensible enfrentamiento a la oposición.

Sólo los libertarios extremos, que conciben la economía en una planilla excel como si se tratara de aritmética sin sociología, podrían disentir con una firme modulación de acuerdos políticos para recuperar al país de la tragedia de su déficit fiscal.

Ellos y la izquierda declaracionista -del chavismo al stalinismo- que ya no tiene evidencia de eficacia alguna en el mundo, presente o pasado, en materia económica ni en términos de derechos humanos. Maduro enfrenta acusaciones en la Corte Internacional y Cuba devalúa al 99% en busca de inversores privados.

¿A cuánto está el gobierno de Alberto Fernández de un horizonte de crecimiento? Nada de lo que se analice este año puede prescindir del tremendo contexto de pandemia; nada de lo que hizo el presidente tiene eficacia relativa, excepto que se lo compare con lo desastrosa que hubiese sido la realidad sin él. Un argumento menos pobre que penoso, incluso trágico en un país entre los 10 con mayores muertes por millón de habitantes.

El presidente no tiene la fortaleza política que necesita la economía. Puertas adentro, la vicepresidente Cristina Fernández se ha ocupado de atacar la estructura constitucional de división de poderes, con el propósito de que no sólo la historia -según su propia interpretación- la absuelva. El Congreso y el Poder Judicial sometidos a la desmesura de omitir evidencias monumentales y confesiones explícitas de corrupción, son un certificado de inseguridad jurídica y de imposibilidad de acuerdos básicos imprescindibles.

Se entiende por qué la Casa Rosada, en sus términos, fracasó tras el acuerdo con los acreedores privados de deuda. Después de la exitosa negociación de Martín Guzmán, que la brecha con el dólar paralelo fue récord y las exiguas reservas líquidas del Banco Central se esfumaron. Puede que el discípulo de Joseph Stiglitz sea amigo de Janet Yellen, designada secretaria del Tesoro de Joe Biden; eso no significa que el FMI vaya a practicar populismo explícito, por más que conceda el deseo de no pagar nada mientras Alberto es jefe de Estado.

El Fondo exige cuentas y reglas claras; Guzmán ensaya un ajuste en los flacos balances previsionales, que suman más del 50 % del gasto público. Alberto manda un proyecto que recorta haberes sin que lluevan toneladas de escombro sobre el Congreso; Cristina cambia de un plumazo 9 meses de "consejos de expertos", el Lavagnismo "amigo" amenaza con no votar la ley previsional. Ni siquiera hay acuerdo político entre el mandatario, la vicepresidenta que lo ungió y el massismo que los consintió en las urnas. La política es necesaria; esto es su negación.

Hasta noviembre, la inflación tampoco daba a Fernández argumentos de éxito a pesar de la baja. Acumuló en 11 meses 30,9%, es decir 17,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2019. Pero alimentos y bebidas,cuya producción y consumo no se detuvieron en pandemia,acumularon 36,1% y los precios regulados (Tarifas) quedaron retrasados. Para comparar, siempre de enero a noviembre, el IPC de Brasil subió 4,5 %; Uruguay 8,0%, México 4,8% y Chile 2,7%.

Tras el fracasado intento de quedarse con Vicentin, el gobierno estatiza las rutas, condena a empresas de tecnologías de la comunicación a brindar servicios a pérdidas y congela tarifas de agua, luz y gas. Cristina protesta por la baja de las jubilaciones y los salarios y promueve como solución el retorno al fracasado control de precios. Descalifica por miedosos a los ministros de Alberto; manda señales de más gasto público; en el acumulado del año, el déficit primario llega al $ 1,44 billones, equivalente a un 5,3% del PBI, mientras el FMI reclama reducirlo.

El Estado quebrado, que no puede cortar el pasto de las banquinas, necesitaría una inversión del 3,5 % del PBI en infraestructura para tener un nivel compatible con un crecimiento económico similar. No sólo no hay obra pública de magnitud en el presupuesto 2021, sino que se ha corregido la normativa para que al mantenimiento de las carpetas de rodamiento (contratos Crema), vuelvan los penosos bacheos.

El gobierno esbozó ideas bienintencionadas pero nunca puso sobre la mesa un plan basado en la inversión, exportaciones de sus sectores competitivos que aprovechen la soja a U$ S 440 la tonelada o la producción de servicios del conocimiento, que dan empleo sin demandar insumos importados. La propuesta de la cadena agroalimentaria da vueltas sin definiciones; la economía del conocimiento tardó en volver a tener marco legal y enfrenta la vuelta al pasado con la ley del teletrabajo.

Mientras Alberto reclama inversiones, el kirchnerismo impone el mal llamado impuesto a los ricos. Las leyes fiscales sólo agravaron la presión fiscal récord del 106 % según mediciones del Banco Mundial; las multinacionales se retiran y La Cámpora cierra el cielo a los vuelos de toda aeronave que no sea Aerolíneas, una empresa que no necesita del virus para tener millonarias pérdidas.

En materia monetaria no hubo ninguna otra medida que no fuera emitir más de 2 billones de pesos; en el plano financiero Economía terminó el año emitiendo deuda en dólares con tasas del 16% en un mundo en el que el financiamiento a los que ofrecen confianza, se obtiene a tasas muy parecidas a cero. Las reservas líquidas del BCRA no existen, la devaluación oficial se ubica en torno del 4 % mensual y la inflación volvió a acelerarse entre 3 y 4 % cada 30 días.

Hay más de 18 millones de pobres (si se descuentan los planes oficiales serían más) y la indigencia trepó al 10,1% según datos de la UCA; el 49,3% de la población activa del país se encuentra ocupada en el sector micro-informal de la estructura productiva según el observatorio de esa casa de estudios.

La estadística suma más de 2,2 millones de desocupados en el país, pero contabiliza como "empleados" a quienes cobran asistencia estatal. Durante septiembre, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una contracción de 6,9% en la comparación interanual. En los nueve meses acumuló una caída de 11,9% con relación al mismo período de 2019. La producción industrial cayó en octubre 4,1% interanual y se ubica 6% debajo del período previo a la pandemia, según la UIA. Y la construcción, el sector con más dinamismo en la crisis, tuvo una inflación sectorial del 12,4% en noviembre con relación a octubre, mientras padece por falta de insumos.