Palabra de Alberto

“Yo no miento, respeto el Estado de Derecho”, le dijo Alberto Fernandez al fallecido periodista Mario Pereyra -de Cadena 3- cuando le negó que haría reformas a la justicia. “No lo voy a hacer”, insistió entonces. El proyecto de reforma judicial con media sanción del Senado (se aprobó el 28 de agosto), fue incluido para extraordinarias por decreto del presidente.

Del dicho al hecho, no hacen falta adjetivos. En Olivos, días atrás, el mandatario planteó al bloque que preside Máximo Kirchner, que en febrero debería estar aprobada la ley. Trabajo para Sergio Massa, que ya ha demostrado sus convincentes capacidades.

También está en extraordinarias la nueva ley que el kirchnerismo impulsa para nominar por mayoría simple al Procurador Fiscal en reemplazo del interino Eduardo Casal. El procurador es -por decirlo coloquialmente- el funcionario que decide a quién y por qué se acusa. “En la justicia tenemos que meter mano”, afirmó el mandatario nacional; aclaró -para que nadie piense mal- que lo haría “institucionalmente”.

Eugenio Zaffaroni, resignado a la evidencia de la cosa juzgada, ha reclamado el indulto como “la solución inmediata” porque “otra no hay”, para el condenado con sentencia firme Amado Boudou. El político preso es considerado preso político por el kirchnerismo; goza de domiciliaria porque tiene hijos y hay covid (es literal), condición que podrían alegar algo más que un puñado de reos en el país, que sin embargo carecen de una condición necesaria: no fueron vice de Cristina.

El senador Oscar Parrilli ha declarado en las últimas horas que si las reformas no se producen, “el macrismo va a seguir dominando gran parte de la justicia e imponiendo lo que para ellos es fundamental: darle protección e impunidad a sus funcionarios acusados ante la justicia”.

Un buen periodista que se precie de no estar para para el psiquiátrico, no puede sospechar que lo del neuquino es proyección. En cambio debe limitarse a transcribir que Parrilli insistirá con el juicio político a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa cuadernos, uno de los que se han empecinado -como varios funcionarios macristas- en cometer delitos en jurisdicción del juez federal de Dolores, Alejandro Ramos Padilla. El mismo que se postula para juez con competencia electoral de La Plata, en el decisivo distrito de Buenos Aires.

La ampliación del número de juzgados de Comodoro Py y la fusión de los fueros Federal y Penal Económico, más la creación de 23 juzgados, son parte de la reforma pendiente en Diputados. Pero el detalle sobresaliente es que los cargos podrían ser cubiertos por subrogantes, por hasta un año y medio.

No sólo eso. El Jefe de Estado ha señalado la posibilidad de crear un tribunal “paralelo” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para revisar “arbitrariedades”. Se inspira -se excusa- en la condena arbitraria a Boudou; se fundamenta en la comisión de asesores que integra, entre otros, Carlos Beraldi, uno de los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, y en sus objetivos inexorables.

La vicepresidenta no es afecta a las metáforas. En su última carta electrónica al país, acusó directamente a la Corte Suprema de la Nación, “que no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.

Tiene razón Alberto cuando acusa de manejos arbitrarios a los cortesanos. El máximo tribunal podría fallar en cualquier momento la inconstitucionalidad de la reforma kirchnerista que le devolvió mayorías decisivas a la corporación política en el Consejo de la Magistratura, la instancia de nominación y juzgamiento de los jueces. Desde hace mucho puede hacerlo pero no. Está en condiciones de fallar en cualquier momento y restarle una llave decisiva al kirchnerismo. Y está en condiciones de no hacerlo.

No puede sorprender a nadie. Fue Cristina quien en 2018 afirmó que el Poder Judicial vitalicio es “rémora de la monarquía” y que “es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional” para “regular” actores como las multinacionales, las financieras, los medios de comunicación.

Ella es literal en su objetivo político y se entiende; es Cristina quien enfrenta nueve causas judiciales con cuatro pedidos de prisión preventiva. Por estas horas, el presidente hace contactos informales para -en orden al nuevo diseño- ampliar la Corte y limitar o revisar eventualmente sus competencias con un tribunal paralelo expresamente configurado, a imagen y semejanza.