La medicina privada denuncia asfixia en medio de la pandemia

El centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina evaluó que las cuotas de las prepagas se actualizaron en un 26%, el salario de convenio de los trabajadores de la salud privada aumentó un 63% y la inflación general medida por el Indec fue de 71%. Todo desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, según el cálculo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

“Quieren estatizar el sistema de salud para transformarlo en un desastre”, dijo la semana pasada Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud y CEO de Swiss Medical. Apuntó al gobierno nacional por no autorizar aumentos en las cuotas y desfinanciar al sector con el objeto de estatizarlo.

Fue Cristina Fernández quien, durante un acto en La Plata hace dos semanas, explicitó que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, sostuvo.

Según la UAS, “del total de la población del país, aproximadamente un 30% recae sobre el sistema público, mientras que el 70% restante se atiende en el sector privado, lo que se traduce en una masa de pacientes y derivados cercana a los 30 millones de personas. Estos argentinos, con su decisión de pagar por la atención de su salud a través de alguna de las prestaciones de la medicina privada, ‘liberan’ de esa responsabilidad a las entidades de salud pública”.

“En general -repasa Idesa- las obras sociales y prepagas contratan con prestadores privados los servicios médicos para sus afiliados. Las obras sociales tienden a pagar aranceles más bajos por lo que tienen una cartilla más acotada de prestadores que, además, son los menos apegados a normas de calidad. Los prestadores médicos más grandes, comercialmente más conocidos y, en general, más apegados a normas de calidad tienden a contratar con las prepagas que abonan aranceles más elevados.

“Un aspecto central en esta relación contractual -prosigue- es que las prepagas ajustan los aranceles de los prestadores médicos cuando el gobierno les autoriza aumentos en las cuotas a sus afiliados. Por eso, para los prestadores médicos privados, es muy importante el ajuste de cuotas de las prepagas”.

Advierte el análisis, en línea con los dichos de Cristina avalados la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, que “seguramente el gobierno busca, como con el resto de los controles de precios, morigerar las presiones inflacionarias y eludir la antipática decisión de reconocer aumentos que impactan en el presupuesto de las familias. Pero generar semejante desfasaje de precios, en el particular contexto de la pandemia, es extremadamente riesgoso.

Capacidad subutilizada

“La pandemia -dice Idesa- les exige a los prestadores médicos esfuerzos extraordinarios. En particular, comprar muchos elementos de protección personal y un consumo excesivo de medicamentos en terapia intensiva por los pacientes Covid, cuyos precios además crecieron por arriba del 100%.

“A su vez, si bien tienen las terapias intensivas trabajan a pleno, la capacidad instalada de piso normal (que representa el 80% de la actividad médica) está sub-utilizada por los protocolos para la prevención del Covid. Más gastos, con menos actividad y aranceles médicos retrasados están provocando un grave desfinanciamiento”.

Aunque el análisis de Idesa no evalúa el menor costo sobre la cápita que esta capacidad ociosa genera cuando la prepaga es dulña del efector, expone que “sobre esta precaria situación, en julio se producirán las paritarias del sector. Allí se hará explícito que este desfinanciamiento conspira contra la posibilidad de reconocer con mejores salarios la dedicación y el esfuerzo que vienen desplegando los trabajadores de la salud privada”.

Inoportuna e inconstitucional

Idesa señala que una reforma integral del sistema en medio de la pandemia “ no sólo es inoportuna sino también inconsistente. Pasa por alto que la salud pública es administrada y financiada por las provincias. Para crear un sistema nacional de salud se necesita reformar la Constitución nacional y las 24 Constituciones provinciales que en sus articulados expresamente consideran a la salud como una competencia no delegada a la Nación. Tampoco tiene en cuenta que el sistema público atiende a una proporción menor de la población. La mayoría opta y prefiere la cobertura de la obra social, a la que accede por tener un empleo formal o contratar una prepaga".