Fuertes reacciones por las críticas de Binner a la Corte

La dura embestida del gobernador Hermes Binner contra el funcionamiento del Poder Judicial santafesino a propósito del caso Fraticelli generó fuertes reacciones, distintas hipótesis e idéntico estupor. Mientras la Corte, cuyos miembros fueron directamente invitados a renunciar por el mandatario, decidió mantener silencio hasta mañana -cuando seguramente se pronunciará en el marco de la reunión semanal de acuerdo, y bajando el tono-, sí hubo reacciones desde el arco político, los propios magistrados y los profesionales del derecho.

“No se puede poner a todos los jueces en la misma bolsa”, sostuvo la presidenta del Colegio de Magistrados, María del Carmen Álvarez. “Es lamentable que dos poderes del Estado estén trenzados en un conflicto grave y serio”, comentó el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo. “Son lamentables estas declaraciones y espero que se retracte de inmediato”, espetó el diputado electo Carlos Carranza, ex ministro de Gobierno de Carlos Reutemann, en coincidencia con Ángel Baltuzzi, quien también ocupó ese cargo. Todos reclamaron que si el gobernador quiere renuncias, debe solicitar el juicio político y presentar las pruebas que lo respalden.

Las razones

En tanto, son disímiles las interpretaciones sobre los motivos que impulsaron al mandatario a lanzar imputaciones tan fuertes y destempladas, en momentos en que su ministro de Justicia, Héctor Superti y la Corte Suprema, encabezada por Roberto Falistocco, trataban de preservar las buenas relaciones, cabalgando sobre el tironeo presupuestario y el conflicto con los magistrados. Ninguna de ellas exime de gravedad institucional al episodio.

Mientras algunos prefieren pensar en un exabrupto del mandatario, otros lo enmarcan en un historial de conflictos -más estridentes o asordinados- con el Poder Judicial o lisa y llanamente con la propia Corte, en la que además se estaría buscando producir un recambio. Acaso, con miras a la renovación de la presidencia del Alto Tribunal, que Falistocco no tendría intenciones de disputar este año, y que, eventualmente, podría asumir un perfil de mayor rispidez.

En un clima tan enrarecido, no faltan quienes sacaron a relucir la condición del ministro Superti de ex abogado defensor de Graciela Diesser, la esposa de Carlos Fraticelli, como “influencia” sobre la percepción del gobernador. El reutemanista Carranza también mencionó a familiares de funcionarios del gobierno que tienen cargos en la Justicia, mientras que Baltuzzi añadió la especulación de que “parecería que hay un interés económico; es como si se estuviera preparando un gran juicio de resarcimiento y hablar de una vinculación entre el poder político y el judicial es funcional a este fin crematístico”.

A quién le cabe el sayo

Oficialmente, el Colegio de Magistrados -cuyo crítico documento fue duramente respondido en su momento desde el gobierno y generó parte del enojo de Binner- prefirió no pronunciarse oficialmente. Así lo expresó a El Litoral su vicepresidente, el camarista Daniel Rucci, quien además consideró que el pronunciamiento del gobernador no era sobre ellos, sino sobre la Corte. “No está dirigido especialmente a nosotros, vamos a dejar que las cosas transcurran y se encuentre una solución más pacífica”, argumentó.

No obstante, la titular del Colegio, la camarista María del Carmen Álvarez, salió públicamente a manifestar su “estupor”. “El comunicado no fue bien leído por el gobernador. Quienes lo redactamos integramos un poder del Estado, pero no somos la Corte. En todo caso, somos un grupo de magistrados y funcionarios que nos lleva a mejorar el Poder Judicial en aras que la comunidad tenga el mejor servicio jurídico”. Y negó cualquier politización, al enfatizar que “somos independientes”.

En tanto, el abogado Araujo -que también, a través de un documento previo de los cinco colegios se pronunció críticamente sobre el desempeño del Ejecutivo con respecto a la Justicia, pero también sobre los propios jueces- consideró que “las acusaciones del gobernador son muy graves. Yo no sé si es una declaración de tipo política o es una imputación clara y concreta en cuyo caso corresponderá poner en funcionamiento los mecanismos legales constitucionales”.