Hebe de Bonafini acusada por una ex empleada

La ex secretaria administrativa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aseguró a la Justicia que su titular, Hebe de Bonafini, conocía "la totalidad de las operaciones, cobros, pagos y otras gestiones que se realizaron", pudo saber hoy DyN de fuentes de la causa.

Patricia Beatriz Alonso se presentó a declaración indagatoria ante el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa por supuesto desvío de fondos públicos en la Fundación, negó las acusaciones en su contra y, mediante un escrito contó qué hacía "como secretaria ejecutiva y técnica contable" desde 2001.

"No me cabe duda alguna de que la señora Hebe Pastor de Bonafini conoció por intermedio mío y por el de otros empleados de la Fundación la totalidad de las operaciones, cobros, pagos y otras gestiones que allí se realizaron", sostuvo la mujer, que dijo que tenía su despacho a pocos metros de los de Bonafini y el ex apoderado, Sergio Schoklender.

La mujer explicó que "la Universidad de las Madres, aprobada por la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria y el Ministerio de Educación", que funcionaba en la sede de la Fundación, "se iba a solventar con la venta de paneles" destinados a la construcción de viviendas sociales en el plan "Sueños Compartidos". "El excedente que se tenía, debía venderse a efectos de cumplir con el mencionado objetivo", añadió.

Así, Alonso deslizó la posibilidad de que el dinero público que, según Oyarbide, habría sido desviado de "Sueños Compartidos" hacia los bolsillos de los imputados podría haber sido destinado a financiar otras actividades de la Fundación, lo que habría estado debidamente documentado y previsto por el Estatuto de la Universidad.

Además, la imputada aportó también al juzgado documentación sobre otros gastos que se habrían realizado desde la Fundación, relacionados con viajes al exterior y pagos de servicios del departamento de Alejandra Bonafini -hija de Hebe-, cuya venta también aparece ahora investigada por la Justicia.

Sergio Schoklender, su hermano Pablo (ambos ex apoderados de la Fundación) y el contador Alejandro Gotkin fueron liberados el viernes pasado luego de que la Cámara Federal les redujera a 40 mil pesos las millonarias fianzas que Oyarbide les había fijado para quedar excarcelados. Los tres están acusados de liderar una asociación ilícita que desvió fondos de la Fundación que el Gobierno les giró para construir viviendas sociales.

En tanto, Oyarbide lleva adelante una segunda ronda de indagatorias a 45 personas, entre las cuales está Alonso, imputadas por el fiscal Jorge Di Lello. La mayoría de los nuevos citados a indagatoria están vinculados con los fondos de la empresa Meldorek, de la que Sergio Schoklender era el dueño del 90 por ciento de las acciones y a través de la cual se sospecha que se realizaron los desvíos. Entre ellos, se encuentran personas que hicieron retiros o depósitos de entre 40 y 100 mil pesos de cuentas de la compañía, así como sospechosos de haber usado materiales -comprados por las Madres para construir casas- en el country El Patacón, la misma imputación que se le atribuye a Schoklender y a su ex esposa, Viviana Sala.

DYN