Varias organizaciones de derechos humanos, de la mujer, de la niñez y la infancia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las trabas para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la nena de 11 años violada en Tucumán.
Además, las organizaciones reclamaron en la sede de la CIDH en Washington, que el país tiene que reconocer el embarazo infantil forzado como tortura y también pidieron un mayor compromiso del Estado a la hora de prevenir, sancionar y erradicar estas violencias que afectan gravemente los derechos de las niñas.
En un comunicado, la ONG Andhes, informó que la denuncia se presentó este viernes en la Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
En la denuncia, las organizaciones reclamaron por el caso de la nena violada en Tucumán, pero también por todas las niñas y adolescentes embarazadas productos de violencia sexual que se enfrentan a diversos obstáculos para acceder a la ILE en el país.
"Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación y fue sometida al disciplinamiento estatal que quiso obligarla a continuar con un embarazo que ella misma pidió que se interrumpa. A Lucía la torturaron efectores de salud, funcionarios, el capellán del hospital del Este y la justicia provincial", expresaron las representantes de las Ongs.
Para las organizaciones que presentaron el reclamo a nivel internacional, el caso "Lucía", como lo llaman, no es aislado: en el año 2017 hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años, y 91.586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 años.
En la disertación, las representantes argentinas denunciaron que en Tucumán y en Argentina no existe una educación sexual integral respetuosa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género.
Y también reclamaron que es necesario que en los protocolos de Abuso Sexual Infantil se indique que la ILE es un derecho.
"Las niñas que quieren realizarse una ILE deben enfrentarse y padecer una (in)Justicia que obstaculiza la práctica, las víctimas de violación deben sentir la presión y el hostigamiento de grupos eclesiásticos que se oponen a las Interrupciones Legales de Embarazos", reflexionaron.
De la presentación participaron Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes; Celia Debono, coordinadora de Cladem Argentina; Nora Pulido, referente del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina; y Barbara Jimenez de Equality Now.
En tanto, representantes del Estado Argentino, que también participaron de la audiencia, reconocieron que "se vulneraron derechos" de la nena violada en Tucumán, e informaron que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) ofreció presentar un amicus curiae para acompañar a los médicos que intervinieron en el caso y que fueron imputados por homicidio.
También admitieron que no todas las provincias de la Argentina adhirieron al protocolo de ILE pero que trabajan para que se garantice el cumplimiento de ese derecho en todo el territorio nacional.
"Las niñas son niñas y se les debería permitir ser niñas durante su infancia y no forzarlas a asumir cargas y responsabilidades de adultos. Cuando se las abusa y quedan embarazadas, es muy sencillo: deben regresar a la niñez como consagra la ley", expresó la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay.
Por su parte, el comisionado Luis Vargas Silva, consideró como "dramático" el caso "Lucía", y planteó que a los legisladores les da miedo legislar este tema "por presiones de las Iglesias" y que la situación de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual "debe resolverse desde un enfoque de derecho" ya que es un problema de salud pública.