En Córdoba, la empresa de la energía de esa provincia, Epec, enfrenta duras críticas de los usuarios: otra vez pide un aumento al ente regulador, para trasladar la suba nacional.
Tras las Paso, el gobierno nacional anunció el congelamiento de la tarifa, pero ya había actualizado (solo en parte) los números para la generación. Santa Fe usará su “crédito” con Cammesa.
En Córdoba, la empresa de la energía de esa provincia, Epec, enfrenta duras críticas de los usuarios: otra vez pide un aumento al ente regulador, para trasladar la suba nacional.
Los diarios de la provincia mediterránea reflejan tanto el enojo de los clientes residenciales como las preocupaciones de la industria y el comercio, y cargan la novedad a una larga lista de lo que denominan el “costo cordobés”. Allí también suman subas de tarifas en los peajes y en otros servicios públicos, como el agua potable y las cloacas, “en plena crisis”.
Y lo que ocurre en Córdoba se repite en otras provincias que tienen algo en común con ella: deben mucho dinero a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, es decir, la intermediaria entre quienes producen energía y quienes la transportan y la distribuyen a los usuarios.
Compromiso
En Santa Fe, en cambio, no hay dudas -dentro y fuera del gobierno provincial- de que al menos hasta fin de año no será necesario subir las tarifas de la Epe.
En el nivel mayorista, la resolución N°14 del Ministerio de Hacienda, al que pertenece la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, dictada en abril -para cuando el dólar estaba en menos de 40 pesos-, ya había dispuesto dos aumentos del 3% en mayo y del mismo porcentaje en agosto de este año.
La Casa Gris mantuvo su compromiso, asumido en mayo -antes de las elecciones provinciales-, de no tocar las tarifas. Al impacto de la primera suba ya lo había sentido la Epe a mediados de año. Y, ahora, desde el 1ro de agosto, nota los efectos del segundo, que obviamente no pueden simplemente sumarse, porque son acumulativos (es bastante más que un 6%).
Un programa de inversiones que sufre recortes, menos licitaciones y algunas otras medidas internas de ahorro que no afectan al personal (ni a la planta política) son -en parte- la respuesta de la Epe a la indicación de no volver a subir tarifas en 2019. El grueso de la diferencia a cubrir provendrá de otra fuente de financiación: el endeudamiento.
Ventajas
El último aumento de la Epe se discutió a fines de 2018, en una audiencia publica, y produjo el grueso de su impacto en los bolsillos santafesinos durante el primer trimestre de 2019. Desde entonces, las dos subas que en mayo y agosto autorizó el gobierno nacional han sido “absorbidas” por la empresa santafesina.
Hasta ahora, la Epe no tiene deudas con Cammesa -a diferencia de otras provincias que ya suman en total $ 23.550 millones- y ese es, en el actual panorama financiero nacional, su crédito más económico.
Todavía no se lo admite de manera oficial pero es muy probable que el directorio de la Epe que se retira entregue a los próximos administradores una compañía con “algo de deuda corriente”, seguramente, estabilizada en cuotas, en algún plan de pagos acordado.
La ecuación que se hace en el gobierno es simple: subir tarifas es -además de arriesgar prestigio político por no poder cumplir una promesa- agregar más dificultades a la economía real provincial, muy golpeada.
“No se puede tener una Epe sin deudas a costa de sacrificar a la producción y a los santafesinos”, es la expresión más común en el Ejecutivo cuando se toca el espinoso tema de las tarifas eléctricas y la transición.