Fuerte embate contra traspasos al Organismo de Investigación

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La polémica designación -en rigor, traspaso de agentes desde el Poder Ejecutivo- de 195 personas en el Organismo de Investigaciones (OI) dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sigue generando repercusiones.

Si bien el lunes el fiscal general, Jorge Baclini, se comprometió ante los dirigentes de los gremios de trabajadores judiciales a “suspender provisoriamente” la resolución, los sindicatos van por más. Este miércoles por la mañana, en una nueva asamblea del personal en el hall de los Tribunales y con la consigna “No al acomodo”, el sindicato reclamó que la Corte se avoque al tema, y que Baclini “derogue” directamente la resolución.

La difusión pública del caso la hicieron los propios gremios, cuando denunciaron, el fin de semana, que de manera arbitraria y sin respetar la carrera judicial, se intentaba promover la designación de casi doscientas personas, muchas de ellas con vínculos familiares o de cercanía con funcionarios del gobierno provincial, y algunos, hasta candidatos. Los nombres habían sido elevados por el titular del MPA a la Corte, que debía avalarlos; y posteriormente, correr vista al Poder Ejecutivo, que mediante un decreto, dejaría firme las designaciones. Pero todo quedó trunco -por ahora- ante el escándalo público.

Más críticas

También desde el sector político se escucharon severas críticas. El diputado justicialista, Leandro Busatto, cuestionó la resolución y advirtió que además de intentar favorecer a militantes del oficialismo, se trató de una “maniobra fuera de la ley”. Y presentó un pedido de informes en la Cámara sobre el tema.

El legislador denunció “la intención del Frente Progresista de instalar en la Justicia incluso a actuales candidatos”. “La ley con la cual justifican esos ingresos -recordó Busatto- la incumplieron, sin posibilidad de haberla malinterpretado. Estipulaba un plazo de 4 años para que personal del Estado provincial pasara al OI. Ese plazo estaba vencido al momento que Baclini firmó la resolución. Por otra parte, la ley dejaba en claro que para poder pasar desde el Ejecutivo al Judicial, el agente debía ser parte del Estado al momento de la sanción de la ley, en 2015. Y también lo incumplieron. Lo que ocurrió es gravísimo”, afirmó.

Busatto insistió en advertir que “es muy fácil de identificar, entre las 195 personas elegidas por Baclini, a candidatos actuales del Frente Progresista, ex candidatos, e incluso familiares directos de funcionarios. Y no es la primera vez que esto ocurre -alertó. Desde hace tiempo venimos advirtiendo que el gobierno provincial está disponiendo el ingreso a la Justicia de gente de su confianza. En la estructura del MPA hay ex funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad, que ahora están en el Poder Judicial. Pasaron de un lado del mostrador al otro, cuando una de las funciones del MPA es investigar la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos”, recordó.

Otros casos

Busatto recordó el caso de Rolando Galfrascoli, ex subsecretario de Investigación Criminal; y de Débora Cotichini, ex subsecretaria de Asuntos Penales, quienes hoy están dentro de la estructura del MPA.

“Cuando pensamos el organismo de Investigación, pensamos básicamente en un organismo transparente que pudiera generar un proceso investigativo, despojado de los vestigios de la Policía que ha sido sospechada muchas veces. También, de la política que muchas veces presiona y se resiste a generar procesos abiertos de investigación, y en definitiva, de cualquier vinculación que pueda entorpecer la investigación”.

Sobre esa base, el legislador consideró que “con estas decisiones, alejadas de la transparencia que el gobierno declama, se corre el riesgo de que el Organismo de Investigaciones, que puede ser una herramienta vital para que los santafesinos y las santafesinas tengan una Justicia a la altura de sus expectativas, termine siendo un reducto al que ingresan a dedo los amigos del poder”.

Los nombres habían sido elevados por el titular del MPA a la Corte, que debía avalarlos; y posteriormente, correr vista al Poder Ejecutivo, que mediante un decreto, dejaría firme las designaciones. Pero todo quedó trunco -por ahora- ante el escándalo público.