"Proteger a los niños involucra a los ministerios y a la sociedad"

Nancy Balza

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Andrea Traviani asumió al frente de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia el 18 de noviembre de 2016, al cabo de un período de fuerte turbulencia en la repartición, que comenzó con incidentes, un paro y renuncias en la sede de Rosario, y culminó de la peor manera: la muerte a golpes de Nicolás Almada, el niño de 6 años que estaba bajo una medida excepcional. Por la muerte del niño que vivía en Loyola Sur, continúa la investigación judicial sobre la responsabilidad de sus familiares directos en el hecho, pero además se inició un sumario interno ordenado por el Ministerio de Desarrollo Social y se modificaron las formas de intervención en situaciones de vulneración de derechos.

Sobre este tema dialogó la funcionaria con El Litoral, y sobre una de las materias que aparece como prioritaria y es la obtención de plazas de alojamiento para niños, niñas y adolescentes que son separados transitoriamente o de manera definitiva de su familia, y el nuevo impulso -también en relación con el tema anterior- al programa Familias Solidarias.

A todo esto suma la importancia de trabajar hacia afuera en disposiciones específicas para el sector, pero también hacia adentro con una política destinada al personal a fin de ordenar procesos de trabajo y contar con una estructura que permita el desarrollo de una carrera profesional. No lo dice al azar: en la entrada al edificio de calle San Luis 3135, recortadas contra una pared, hay siluetas en cartón y consignas como “soy el futuro ciudadano”, “necesito una familia solidaria” y “no queremos que sigan vulnerando derechos de niñas, niños y adolescentes”, más un último cartel que indica la autoría del conjunto: “Los trabajadores de la SDNAyF”. Todo está allí desde aquellas convulsionadas jornadas de noviembre y Traviani decidió dejarlo en su lugar; el letrero está presente cada día cuando entra al edificio. “A lo mejor algún día lo podamos cambiar por otro que diga otra cosa, pero ahora forma parte de lo que nos toca transcurrir. Me parece que sacarlo no cambia la situación; el trabajo conjunto va a hacer que ésta mejore”.

Traviani es psicóloga y cuando la convocó Miguel Lifschitz estaba a cargo del Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Rosario; cuando el gobernador era intendente de la ciudad del sur se desempeñó como directora de Niñez. “En la subsecretaría asumí en noviembre con algunos lineamientos -muchos emergían de la propia crisis-, que tenían que ver con cuestiones del personal, las plazas de alojamiento y después, una vez que se sale de la crisis y de la urgencia, pensar lineamientos de trabajo en relación con el armado de un sistema de protección que involucre a todos los ministerios provinciales. Luego habrá que ir un poco más allá y entender que el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes es responsabilidad de todos como sociedad”.

—¿Salieron de la crisis?

—Estamos transitando esa crisis todavía y no va a ser fácil salir, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de plazas de alojamiento. Estamos trabajando en muchas posibilidades, con muchas gestiones para mejorar y tener más espacios que es un pedido que aparece a lo largo de toda la provincia. En estos meses tuvimos algunos lugares más en Rosario y en Santa Fe se están gestionando. A mitad de año deberíamos llegar a la cantidad de plazas que necesitamos.

—¿De qué depende, del presupuesto?

—No es un tema presupuestario. Tenemos dos opciones: nuevos lugares propios -porque en los que tenemos no hay más capacidad- o convenios con instituciones que tengan las ganas de enfrentar esta tarea. Cualquiera de las dos opciones lleva un tiempo administrativo. Tanto el ministro como el gobernador acompañan y no puede ser una cuestión de presupuesto que esto no salga. Desde que asumí tenemos muchas cosas iniciadas, pero nos van a llevar algún tiempo. Tenemos un convenio con la Municipalidad por un espacio en Rosario y en Santa Fe pedimos ampliar algunas plazas pero tenemos un límite operativo que se va a ir desbloqueando en los próximos meses.

—Un tema que había llamado la atención en medio de la crisis fue que había chicos y adolescentes alojados en hoteles y en hostels. ¿Esta situación se mantiene?

—Sí, sobre todo en la ciudad de Rosario, donde tenemos un grupo de chicos que vienen con intervenciones de la Subsecretaría desde hace tiempo, pasaron por todas nuestras instituciones, se escaparon de todas y con la modalidad del hostel (para chicos de 15, 16 , 18 años e incluso más grandes) pudimos armar una red de contención y propuestas de actividades que empiecen a darle un orden a su situación. El proceso por el que estamos transitando es el de repensar las instituciones que tenemos, ver las que necesitaríamos tener y los equipos que harían falta para estas instituciones. Por otra parte, a veces se piensa en la subsecretaría como el lugar para atender todas las situaciones y no es así: cuando aparece una situación de consumo o de salud mental, el trabajo es compartido. Por eso vuelvo al principio: la construcción del sistema de protección excede a la subsecretaría. Es ella y el ministerio los que tienen que liderar pero incluye a Educación, a Salud, a Trabajo; atraviesa todos los ministerios.

Un antes y un después

—Mientras en Rosario transcurría una situación crítica en la dirección, con incidentes, renuncias y un paro, en Santa Fe se conocía la muerte de Nicolás Almada, un niño que estaba bajo una medida excepcional de la subsecretaría. ¿Sigue adelante el trámite para investigar qué pasó? ¿Cambió en algo la forma de actuar de la subsecretaría? ¿Siguen siendo tantas las medidas excepcionales?

—En la provincia tenemos alrededor de 500 medidas excepcionales. El caso de Nicolás apareció en la misma semana (que el conflicto de Rosario), fue de mucha convulsión. Fue durísimo recibir esa noticia, el ministro inmediatamente instruyó una investigación que sigue en curso, se contestaron los informes que nos fueron solicitados y eso está en la instancia de investigación. Sí nos puso en preguntas el modo de trabajo y cuestiones que mostraron algunas debilidades en estas situaciones. A partir de ahí la subsecretaría está reformulando la manera de organización interna de cada una de las direcciones. Tenemos una dirección en Santa Fe con delegaciones en Reconquista, Vera y Rafaela; y una en Rosario con delegaciones en San Lorenzo, Venado Tuerto y Villa Constitución. En Santa Fe la directora provincial continúa en su cargo y ya venía evaluando esta posibilidad de cambios con el equipo. La provincia es muy extensa y cada dirección y delegación tienen sus particularidades. La relación con la Justicia no es la misma, ni con salud ni con educación. Y aunque parezca mentira, entre Santa Fe y Rosario hay diferencias a la hora de trabajar con los fiscales o con los jueces: no tienen los mismos criterios, no están establecidos los mismos lazos, y eso es algo por construir.

—¿Por qué es distinta la relación?

—Son distintas formas de trabajo, algunas están muy basadas en las individualidades, y otras establecidas más allá de las personas que es a lo que tenemos que apuntar. En la ciudad de Santa Fe se había hecho una reunión cuando recién asumí y de la que no participé. Sí lo hice con estas dos últimas: hay una mesa de trabajo integrada por la subsecretaría, equipos socioeducativos, equipos de salud, el primer nivel de la Municipalidad y comisarías de la mujer. Esa mesa nos dio lineamientos de qué función cumplía cada uno en cada momento: hay muchos protocolos, pero lo real es que a la hora de ejecutarlos aparecen diferencias. Esa mesa que tuvo hoy (martes 7) la tercera reunión es muy productiva y tiene que ver con sumar referentes de distintos ministerios a la hora de ver cómo actuar en distintas situaciones, y ser más eficaces en el menor tiempo posible. Porque a cualquiera de los que estamos en esa mesa, nos toca actuar cuando hay una situación de vulneración de derechos y no podemos demorar en ver quién tiene que entrevistar, o quién hace el traslado o quién recolecta la prueba. Eso tiene que estar más que claro a la hora de actuar. En la última reunión aprobamos invitar a fiscales y jueces de familia. Esta mesa se va a replicar en Rosario y en las delegaciones y nos va a dar estrategias para ir delineando políticas públicas.

—¿Cuáles son los lineamientos a largo plazo?

—Hay distintos caminos, uno tiene que ver con los alojamientos y con pensar dónde van las niñas, los niños y los adolescentes cuando forman parte de una medida excepcional. En estos días hicimos un relanzamiento del Programa Familias Solidarias que también es una forma alternativa de alojamiento, para nosotros, muy valiosa. Esta convocatoria es una línea de trabajo con algunas modificaciones que hablamos con el gobernador en relación a segmentar en edades y ajustar el monto de dinero que acompaña a este proceso, si bien entendemos que quien se anota en el programa no lo hace por dinero, sino porque tiene un corazón enorme. En este momento tenemos 96 familias que alojan a 105 niños y niñas en toda la provincia y nos gustaría duplicar ese número.

—El tema del alojamiento para quienes tienen una medida excepcional aparece como una de las principales preocupaciones.

—Es una preocupación porque se pretende tener el mejor lugar cuando se toma la decisión de separar a un niño de su familia. Mientras haya vulneración de derechos vamos a seguir tomando medidas excepcionales; en la mayoría de los casos los chicos van a lugares que dependen de la subsecretaría. Se puede sacar un ratito la mirada de allí pero siempre tiene que volver a ese tema.

" A cualquiera de los que estamos en esta mesa, nos toca actuar cuando hay una situación de vulneración de derechos y no podemos demorar en ver quién tiene que entrevistar, o quién hace el traslado o quién recolecta la prueba. Eso tiene que estar más que claro a la hora de actuar”. Andrea Traviani