El Senado dio media sanción al proyecto de Consenso Fiscal impulsado por Alberto Fernández y 20 gobernadores

El Senado aprobó este miércoles con media sanción el proyecto de Consenso Fiscal que había sido firmado por el presidente Alberto Fernández y 20 gobernadores en diciembre pasado.

La iniciativa, que ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados, recibió 45 votos a favor, 17 en contra y una única abstención de la mano del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo.

A fines del año pasado, el pacto fiscal había sido rubricado por todos los mandatarios provinciales a excepción de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires).

Había sido incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, pero el tema nunca llegó a tratarse durante el verano.

Entre otros aspectos que hacen al ordenamiento tributario, el nuevo consenso fiscal dispone que las alícuotas de Ingresos Brutos no puedan exceder a las fijadas para cada actividad y además ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

El primer orador fue el senador riojano del Frente de Todos Ricardo Guerra, quien subrayó la necesidad de "generar las circunstancias para una política tributaria coordinada, entre las jurisdicciones participantes y así dotar al país de un marco legal estable y tributariamente armónico que instaure una estructura impositiva que propenda a la inversión, al crecimiento, a la generación del empleo".

En otro pasaje de su exposición, señaló que también hay que apuntar a "dotar de progresividad a la estructura tributaria vigente a partir de una mayor preponderancia de los impuestos patrimoniales en compensación de las reducciones a la tributación sobre actividades productivas y el consumo".

"Otro aspecto es la eficacia a la gestión de los organismos recaudadores en relación a la reducción de la evasión y la elución fiscal, así como también de alcanzar mayor eficiencia en la administración tributaria", indicó.

En tanto, guerra afirmó que la norma propuesta busca "acordar y definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias y revisar conforme al contexto económico las reglas establecidas en el régimen de responsabilidad fiscal; reducir la litigiosidad entre el Estado y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para proponer el arribo de acuerdos".

Por su parte, la senadora cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero se mostró crítica al sostener que "este Consenso Fiscal nos trae ingresos brutos distorsivos y les permite y los deja sujetos en la responsabilidad de cada gobernador aumentar".

"Inclusive quieren grave el comercio electrónico, los servicios de internet", lamentó.

A su turno, el senador de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli comparó el actual Consenso Fiscal con los aprobados durante los años del macrismo, a los que catalogó de "unitarios", en los que "el poder central les impone condiciones a los gobernadores en una suerte de paternalismo por el cual se les quiere enseñar cómo gobernar".

"Se les decía que debían bajar impuestos, debían bajar los ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a ver operadores de deuda y así endeudaron a muchísimas provincias en dólares a causa de esa baja de impuestos", recriminó.

Para el neuquino, "fueron pactos fiscales unitarios, centralistas con desprecio a la potestad de los gobernadores donde se les imponía básicamente la baja de impuestos".

Y diferenció esos pactos fiscales del actual proyecto, el que según dijo les da "potestad a los gobernadores porque son los que en definitiva van a definir si aumentan o no las tasas de impuestos, a qué sector aumentan y a cuál les reducen".

Por otro lado, destacó que "establece la posibilidad de aumentar los impuestos patrimoniales a la vez de bajar aquellos que tienen que ver con las actividades productivas y de consumo".

"Así que de ninguna manera este es un Consenso Fiscal que autorice a poner este impuesto para aumentar el costo de los consumidores o de las actividades. Todo lo contrario, busca gravar a los que tienen ingresos, fortunas, riquezas que son los que tienen que tributar", aclaró.

"Este proyecto le da facultades y atribuciones a las provincias que les habían sacado", resumió Parrilli, y finalizó: "De ninguna manera se puede decir que esto va a perjudicar a las provincias.

Les va a dar la posibilidad de que administren sus propios recursos y lo más importante es que una acción de respeto hacia esas autoridades".

A su turno, la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo valoró positivamente el acuerdo fiscal al sostener que la iniciativa apunta a "llevar adelante un ordenamiento tributario que garantice un crecimiento de la economía".

A la vez recordó que "fue firmado por los gobernadores y por el presidente como también se firmó en el 2017 en el que estaban muchos gobernadores que también están en la actualidad".