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Por ordenanza, quedó sujeta a un marco jurídico y funcional
Diez años después, la Guardia Urbana salió del "limbo": ahora está regulada
Los integrantes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) no podrán hacer uso de la fuerza, y tendrán que dar aviso ante hechos delictivos a la Policía provincial. Serán capacitados en primeros auxilios, métodos de mediación ante conflictos.
La Guardia de Seguridad Institucional (GSI), el cuerpo de prevención municipal creado por decreto N° 1.277 del Ejecutivo, en 2008, ahora tiene un marco jurídico y funcional que pone pautas claras para su funcionamiento. Debieron pasar 10 años para que en el Concejo se lograran los consensos necesarios, y se sancione una ordenanza para sacar a esta guardia de control —que en numerosas ocasiones se vio involucrada en situaciones controvertidas— de un “limbo” normativo.
La nueva ordenanza fija los criterios de selección de personal, funcionamiento, deberes y obligaciones de la GSI. Dentro de sus objetivos, el cuerpo preventivo deberá “difundir formas de comportamiento que promuevan los valores de seguridad, transitabilidad, libre esparcimiento, integridad de bienes públicos, buena convivencia y de respeto del bien común”.
La Guardia “promoverá condiciones de convivencia ciudadana” y “detectará situaciones de conflicto que amenacen la integridad de los bienes del Estado Municipal; deberá “ejercer presencia en lugares públicos para advertir a las autoridades sobre posibles hechos delictivos y vandálicos; colaborar con los organismos de tránsito en caso de accidentes, tumultos o manifestaciones populares dentro del ejido urbano, y colaborar en eventos públicos de concurrencia masiva”.
La GSI dependerá orgánicamente de la Dirección de Seguridad Institucional y funcionalmente del Programa de Seguridad Institucional dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad ciudadana municipal, o quien la reemplace a futuro. Actuará las 24 horas todos los días del año, y para ello esa dirección tendrá que organizar su personal.
Deberes y obligaciones
Entre los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos de la Guardia Urbana, la norma puntualiza: “Solicitar auxilio y dar intervención a la Policía Provincial en todos los casos en que fuera necesario; abstenerse de hacer uso de la fuerza en los casos que intervenga y dar aviso a las fuerzas de seguridad; actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de todas las personas sin ningún tipo de distinción ni discriminación”.
A su vez, el Municipio queda obligado —coordinadamente con el gremio municipal ASOEM, organismos e instituciones y la Escuela de Administración Municipal—, a capacitar y especializar al personal de la GSI en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP). También en metodologías de mediación, persuasión y convivencia, y en aspectos sociales, éticos, políticos, de protección de derechos, trata de personas y violencia de género.
En 2014, el municipio incorporó nuevos vehículos a la GSIFoto: Archivo El Litoral
Proceso de selección
Los aspirantes a prestar servicios en la GSI estarán comprendidos en lo dispuesto por la Ley Nº 9.286 ( Estatuto y Escalafón del personal de Municipios y Comunas) y la Ordenanza N° 8.527 (Estatuto del Personal Municipal). Éstos deberán completar un proceso de selección de personal determinado por el Ejecutivo, en el que se evaluará “la adecuación de su perfil a las características del puesto a cubrir, y se tendrá en cuenta a quienes pudieren acreditar participación en ONGs vinculadas a la convivencia y el bien común”, reza el despacho sancionado.
El personal será identificado mediante los medios que determine el Ejecutivo local, y los vehículos de la GSI deberán estar identificados con numeración visible en la parte frontal, posterior y lateral en todas las unidades. El impulsor de la ordenanza, sancionada por unanimidad, fue el edil frentista Sergio Basile (FPCyS).
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