Según la ordenanza 11.580 del año 2009, que da origen al Órgano de Control de Transporte Público de Pasajeros y regula el subsistema, los costos de las empresas deben superar el 5 % del último valor redeterminado para proceder al aumento del boleto. Y debe intervenir en el análisis y ser autorizado por el Órgano.
En este momento está integrado por dos miembros. El presidente, Juan Francisco Jaurena, dio el visto bueno. Y su voto vale doble. El otro integrante, Luis Camilo Larrosa, dio quórum pero votó en contra del aumento de boleto. En diálogo con El Litoral explicó sus argumentos: “Por un lado, creo que no se puede exigir el cumplimiento parcial de la norma que regula el transporte. Entiendo que hay un incumplimiento por parte de las prestatarias y no pueden pretender que se les aplique sólo lo que les conviene y no, lo que no les conviene”. Como ejemplo citó que “pese a que los coches tienen GPS no han facilitado al municipio los medios tecnológicos que le permitan contar con información histórica del sistema, como flota asignada, frecuencia, etc.”.
Una segunda justificación es que “el sistema de precarización debe ser transitorio y de emergencia y hoy no veo obstáculos para hacer un nuevo llamado a licitación que permita hacer más perfecto el marco que regula la prestación”.
Y finalizó: “Habilitar el artículo 16 (el del incremento) supone cumplir con todo el articulado de la ordenanza y eso no sucede”.
Argumentos en contra
#TEMAS:
