Al analizar el caso, la fiscal Rosana Peresin determinó desestimar la denuncia y archivar la investigación ya que no se encontró ninguna prueba sólida que sostenga el supuesto delito por el que habían sido acusados el secretario General y secretario Adjunto de la ASOEM -Santa Fe-; aduciendo la acusación a un conflicto político-sindical.
Denuncia de Festram
La Justicia descartó la responsabilidad penal de Medina y Casale en la investigación por estafa
La indagación penal había sido iniciada tras la denuncia de la FESTRAM en 2021.
Las diferencias entre ASOEM y FESTRAM se remontan a la negociación paritaria del año 2018. Al año siguiente, la entidad de segundo grado volvió a ignorar los reclamos del sindicato de base; ocasionando la pérdida de 30 días en la aplicación de la cláusula gatillo. En ese contexto, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados resolvieron no enviar $2.936.062,04 -correspondientes al período julio-octubre de 2019- como definición política que dejaba manifiesta la disconformidad con la gestión sindical desarrollada por FESTRAM: pérdida de la cláusula gatillo, acuerdos salariales a la baja y la utilización del poder de los trabajadores en la política partidaria; entre otros aspectos relevantes. Las disidencias en la estrategia de negociación continuaron en 2020 y motivaron la irrevocable renuncia de Juan R. Medina, Orlando Giménez, Pablo Casale y María Luisa Villanueva a sus cargos en la FESTRAM.
Desde entonces, la ASOEM fortaleció la Mesa Paritaria Local como emblema de la política sindical y espacio para exponer, debatir y acordar sobre los intereses tanto de los trabajadores municipales y comunales como de los Departamentos Ejecutivos de las cinco localidades que componen su jurisdicción.
Una vez conocida la Resolución del Ministerio Público de la Acusación, Juan R. Medina aseveró: “esto refrenda la idea del nuevo sindicalismo que venimos planteando, un sindicalismo del siglo XXI. Nosotros creemos que las instituciones son muy importantes para las sociedades, en tanto y en cuanto garanticen los intereses genuinos de sus representados y representadas. Si se distraen de ese objetivo, puede pasar lo que ocurrió: judicializar la política sindical”.
Y concluyó: “la política sindical se mejora, se consolida y se refrenda con la gente adentro, no afuera; y no a través de acciones que van en detrimento de los intereses de los representados, que intentan instalar mentiras sobre personas que representan a instituciones y que pretenden socavar la fortaleza de nuestra organización sindical”.
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