Proponen definir un protocolo para proteger el patrimonio arqueológico

Gastón Neffen

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El hallazgo de una vieja cisterna, probablemente de finales del siglo XIX, en un edificio en construcción en San Jerónimo al 1700 volvió a poner en foco un tema relevante: la falta de un protocolo de protección del patrimonio arqueológico en la ciudad, un largo reclamo de los arqueólogos e historiadores de Santa Fe.

“En la ciudad hay normas que protegen la arquitectura con valor patrimonial pero no siempre se contempla lo que puede estar debajo, las construcciones subterráneas”, explicó el antropólogo y arqueólogo Gabriel Cocco, coordinador del Museo Etnográfico, en una entrevista con El Litoral.

¿Qué puede haber debajo de las casas, iglesias y conventos? Criptas, cisternas de aljibes, pozos de basura —con restos arqueológicos—, cimientos de construcciones más antiguas y también pasadizos o túneles, sobre todo cerca de la plaza 25 de Mayo y los conventos de San Francisco y Santo Domingo.

En la excavación de la obra de los nuevos tribunales, se encontraron dos pozos de basura —de dos épocas diferentes (el más antiguo es de finales del siglo XVII)— de los que se rescataron restos de cerámica hispano-indígena de ascendencia guaraní, piezas esmaltadas españolas y tinajas de barro cocido que se usaban para transportar vino y aceite (los objetos están expuestos en el Museo Etnográfico).

A partir de estos restos, los arqueólogos pueden reconstruir las costumbres, las relaciones comerciales y hasta la dieta —entre muchas otras cosas— de los antiguos santafesinos.

Lo que propone Cocco (también Ana María Cecchini de Dallo, integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos, quien dialogó con El Litoral) es que la ciudad defina un protocolo que proteja el patrimonio subterráneo, sobre todo en las zonas sensibles del casco histórico (en el centro y especialmente en el sur de la ciudad), en donde hay sospechas de que se pueden encontrar construcciones o restos importantes para reconstruir la historia de una ciudad, que lleva más de 360 años en este emplazamiento.

“Un protocolo de cómo actuar, que en primer lugar establezca la posibilidad de realizar una inspección previa cuando se realizan obras en lugares en los que sabemos que puede haber restos y que defina qué hacer cuando se produce un hallazgo en una obra en construcción”, señala Cocco.

“Quizás esto también implique contar con un pequeño equipo de especialistas, que pueda concurrir a las obras en construcción rápidamente para evaluar si las construcciones subterráneas que se detectan tienen un valor histórico”, amplió Cecchini de Dallo.

Historia que se pierde

A finales de los 90, cuando era directora del Archivo General de la Provincia, Cecchini de Dallo escribió el trabajo “Pasadizos y construcciones subterráneas en Santa Fe”, en donde hay varios ejemplos de hallazgos que no se pudieron documentar e investigar a fondo. El estudio recopila relatos orales de “vecinos santafesinos que poseían alguna información sobre estos casos —planteó la investigadora— o sobre otros que hubieran trascendido a la bibliografía”.

En 1950, por ejemplo, cuando se demolió una antigua propiedad en San Martín y General López, el ingeniero responsable de la obra descubrió un pasadizo que se dirigía al sudeste; es decir, hacia la iglesia de la Compañía.

“En 1979, en la casa perteneciente al Club del Orden, en San Martín y Juan de Garay, al realizarse las excavaciones para construir un nuevo edificio se localizó un pasadizo sobre la pared sur, con dirección norte-sur, de dimensiones considerables ya que les demandó varios días rellenarlo”, recordó Cecchini de Dallo, en el trabajo.

La investigadora también precisó que en calle Amenábar, entre San Jerónimo y 9 de Julio, cuando un operario de Obras Sanitarias descendió a realizar unos trabajos descubrió y caminó por un túnel que tenía un recorrido hacia el este (San Francisco) y hacia el norte (Santo Domingo). Tenía 2 metros de altura y 2,50 de ancho.

Mucho se ha hablado de la historia de los pasadizos o túneles subterráneos de la ciudad, que podrían haberse utilizado como refugio, vía de escape e incluso para el contrabando, pero también hay algún indicio de una “primera red de cloacas” —cuenta Cechini de Dallo— y otras obras sanitarias que es interesante explorar.

“En la Casa de Gobierno, por ejemplo, se pudo conservar una cisterna que perteneció al Cabildo y de la que pudimos recuperar objetos. Se le colocó un vidrió para que la gente que visita ese sector la pueda ver”, indicó Cocco.

Es un buen ejemplo de conservación patrimonial, pero todavía es una excepción en la ciudad y sin un protocolo que establezca cómo actuar y en un plazo razonable —para evitar tensiones con las empresas constructoras y los mismos vecinos— siempre queda la sospecha de que se suele “perder” la posibilidad de investigar en profundidad algunos de estos hallazgos.

El marco legal

En la actualidad, la ciudad cuenta con la ordenanza 10.115 (que vela por el patrimonio cultural, histórico y artístico) pero cuyo funcionamiento está más aceitado para preservar inmuebles de valor patrimonial en caso de una nueva obra (hay una Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural, que emite dictámenes) que para actuar en la defensa de las construcciones subterráneas que puedan tener valor histórico.

Hace unos años, además, la provincia adhirió a la Ley 25.743 (de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico) y el Ministerio de Innovación y Cultura es el que otorga las “concesiones” a los arqueólogos para poder investigar en una determinada área.

En el Concejo santafesino hay un antecedente interesante: en 2004, los entonces concejales Leonardo Simoniello y Jorge Henn presentaron un proyecto que tiene puntos de contacto con lo que todavía siguen reclamando los arqueólogos e historiadores santafesinos.

El artículo segundo, decía: “Dispónese que en la llamada área fundacional, delimitada por las calles 27 de Febrero al este, Terraplén Yrigoyen al sur, Urquiza al oeste y La Rioja al norte, en toda excavación en profundidad realizada por empresas constructoras o prestadoras de servicios, se deberá evaluar el impacto arqueológico o paleontológico antes y durante la ejecución de los trabajos”.