Luciano Andreychuk
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Twitter: @landreychuk
Se eliminarán las figuras de wiskerías, cabarets, clubes nocturnos y boites en la ciudad. Se armará un comité interinstitucional.
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Hoy el Concejo santafesino dio una muestra de fuerza en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Con acuerdo entre oficialismo y oposición, se sancionaron tres ordenanzas clave: la primera, se prohíbe taxativamente la instalación y habilitación de wiskerías, cabarets, club nocturnos, boites ("salones de fiestas") o cualquier otra denominación similar. Estos lugares son el primer paso para la captación y sometimiento de personas para explotación sexual.
La figura jurídica de estos lugares se elimina de la Ordenanza de Espectáculos Públicos N° 9.139 (cap. IV) y del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), que están en el cuadro de esos de distritos específicos. Y se faculta además al Ejecutivo Municipal a que -a través de sus órganos competentes, como la secretaría de Control- garantice el cumplimiento de la ordenanza.
La segunda es la creación de un Voluntariado Social Municipal sobre Trata de Personas y Violencia de Género, el cual dependerá del área Mujer y Diversidad Sexual dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio.
Tendrá el objetivo de “promover la participación solidaria de jóvenes y adultos en la temática referida (trata y explotación sexual); propiciar la difusión de información vinculada a estas cuestiones; desarrollar talleres para jóvenes y adultos que tengan como objetivo brindar diferentes perspectivas sobre el tema y propiciar a la concientización.
Estas dos normativas fueron impulsadas por Adriana Molina (FPCyS-UCR). “No hay actualmente ningún local habilitado con esta figura, con lo cual era el momento”, aseveró en el recinto. “Es necesario distinguir la prostitución que no es una contravención; que hay muchas mujeres que entienden que ejercer la prostitución es un trabajo, y debemos aprender a respetar la individualidad”.
“Hay otras posturas al respecto, y las respetamos -continuó-. La prostitución jurídicamente no es un delito. Pero lo que se ataca y suprime es la figura de locales (wiskerías, cabarets), porque allí se puede facilitar la trata y explotar sexualmente personas, que ése sí es un delito”, aclaró la edila radical en el recinto.
Es decir, con la ordenanza se va al núcleo de la problemática.
Una comisión clave
La tercera ordenanza es también central: fue promovida por el edil opositor Juan Cesoni (Bloque Justicialista), con la venia de sus pares y del interbloque frentista, y dispone la creación de una “Comisión interinstitucional para la prevención y lucha contra la trata de personas y explotación sexual y recuperación de sus víctimas”.
La comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo, del Concejo, y se invitará a integrarla a representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia, Defensoría del Pueblo, Delegación local de Policía Federal Argentina, INADI y diversas ONG vinculadas a la problemática.
Su función será “coordinar planes, programas y acciones interdisciplinarias para una mejor asistencia médica, psicológica, jurídica y la protección y contención social inmediata a personas que hayan sido víctimas (de trata) y a su entorno familiar”.
También esta ordenanza lleva a que la Municipalidad “adhiera a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 13.339 en su parte pertinente”. (Concretamente, en su art. 1 establece como objeto la adopción de medidas destinadas “a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos, el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima, etc”.)
Complementariedad
“Son tres ordenanzas que se complementan, porque ratifican una política de Estado municipal, y no tiene que ver con camisetas partidarias. Apunta a la prevención y la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual”, dijo Molina a El Litoral.
La aludida complemetariedad apunta a tres ejes: “Suprimir las figuras de cabarets, wiskerías o locales de denominación análoga, crear un voluntariado social para abordar las problemáticas, y una comisión que va a monitorear y fijar criterios con distintos actores políticos, judiciales, policiales, etc.”, agregó.
Abolicionismo y reglamentarismo
Para Cesoni, el Concejo ha logrado con estas tres normas “el corpus legal más integral y abarcativo que haya logrado municipio alguno en el país sobre la problemática de la trata”. ¿Por qué? Porque las tres contemplan las dos grandes posturas filosóficas al respecto: “La primera es la abolicionista, y la segunda es la reglamentarista. Hay una discusión entre ellas que no está saldada, y este Concejo se ha permitido contemplarlas a ambas y tener un plexo normativo a la medida de cada ellas”, fundamentó el edil.
La comisión interinstitucional permitirá “continuar con el debate y abordaje de estos flagelos, además de darse la abolición de la figura de los lugares donde se realiza la explotación sexual de personas y facilitamiento y promoción de la trata (clubes nocturnos, cabarets, etc.)”, dijo Cesoni.
“Ahora nos obligamos a nosotros mismos a avanzar en una discusión mucho más profunda, y crear una herramienta territorial concreta para trabajar sobre las problemáticas. Ahí entrará a actuar el voluntariado, que nos permitirá acercar la discusión y tratarla concretamente en territorio con el sujeto social que resulta ser la víctima de trata, y que es la más vulnerable en todo esto”, completó Cesoni.