BPA en periurbanos: desarrollan un protocolo y modelo de ordenanza para 46 localidades

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

El debate permanente sobre el uso de productos fitosanitarios impulsó a un equipo de trabajo, con representación de profesionales de la agronomía y la producción, a desarrollar un manual de procedimientos que garantice las Buenas Prácticas Agrícolas en las zonas periurbanas de los 46 municipios y comunas del departamento Castellanos.

Así surgió el “Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados” que el licenciado en edafología de la Agencia de Extensión Rural (AER) Castellanos Cristian León presentó en sociedad el martes 4 de agosto durante el “Desayuno Virtual” que organizó la Sociedad Rural de Rafaela. Encuentro que surgió ante una iniciativa en el Concejo Deliberante rafaelino que pretende extender la prohibición para el uso de tecnología agrícola que hoy rige en un radio de 200 metros alrededor de la ciudad hasta los 1.000 metros, situación que tornaría inviable la producción sobre más de 4.300 hectáreas.

El trabajo de León, que lleva meses en desarrollo y ha sido puesto a consideración de jefes comunales y legisladores -quienes plantearon sugerencias que fueron incorporadas- se complementa con la redacción de un modelo de ordenanza que le sirva a todos los distritos del departamento para el ordenamiento del uso y control de agroquímicos. Colaboraron además los ingenieros Miguel Gauchat y María Eugencia Raciatti (vice presidenta comunal de Cañada Rosquín, primer “Municipio Verde” de Santa Fe) y Diego Sara, productor de Presidente Roca.

Con estas herramientas se espera conseguir resultados agronómicos y también sociales. Entre los primeros se mencionan: aumento de recetas agronómicas emitidas; más hectáreas con verificación permanente (y creciente); aumento de la intervención de los profesionales; disminución de la toxicidad aguda y crónica de los productos utilizados; mantenimiento de la producción; mayor número de aplicadores habilitados y capacitados; y mayor conformidad de los productores involucrados. Entre la población, se busca que disminuyan las denuncias de vecinos por el impacto de las aplicaciones y las consultas médicas por intoxicaciones por fitosanitarios; aumentar el monitoreo permanente de la salud de los vecinos y el control social de las aplicaciones; y con ello una disminución del clima de conflicto.

En alerta

León explicó a Campolitoral que desde principios de la década pasada rige la prohibición sobre 200 metros alrededor de Rafaela para el uso de cualquier insumo, incluso biológico y fertilizantes. Esta situación afecta unas 760 hectáreas de 25 productores. “Creo que es uno de los pocos lugares donde existe una restricción tan fuerte”, manifestó. A pesar de ello “algunos productores intentan hacer algo pero les aparece un ataque de una plaga y no tienen ninguna herramienta con qué salirle al cruce”. Hubo quienes intentaron hacer ganadería pero desistieron por la indefensión frente a los robos, habituales en cercanías a la ciudad. Y hasta el INTA, cuyo predio quedó parcialmente dentro de ese anillo, intentó producir sin insumos, pero verificaron pérdidas de hasta el 50% de pasturas por patógenos o insectos.

Ahora la amenaza escalaría en caso de prosperar el proyecto de la concejal justicialista Brenda Vimo, que al extender la prohibición hasta los 1.000 metros afectaría casi un tercio de la tierra productiva de la jurisdicción.

Frente a este riesgo a rural rafaelina recurrió a la AER Castellanos, que desde hace 5 años viene trabajando sobre la materia en busca de consensos que garanticen la convivencia entre la producción y los vecinos urbanos. “Lo estamos trabajando juntos con el equipo del senador departamental (Alcides Calvo, PJ) y con los 46 presidentes comunales”, remarcó el técnico. “Es un problema (el conflicto en el periurbano) que el presidente comunal que aún no lo tuvo se da cuenta que podría tenerlo próximamente; por que no siempre se hacen las cosas bien con las aplicaciones”, describió.

De estos encuentros, en los que también participó el ruralismo, surgió la idea de plasmar los acuerdos y pautas técnicas en un protocolo, que finalmente decidieron definir para “periurbanos ampliados” porque se trata de llegar desde la línea agronómica hasta 1.500 metros de cada pueblo “con un control total de cada comuna y con sólo aplicación de fitosanitarios de banda verde”. En base a esto redactaron un modelo de ordenanza que quedó a disposición de todos los presidentes comunales, ya que muchos no tienen una norma propia y sólo se rigen con la Ley 11.273. Y en marzo se lo presentaron también a diputados provinciales y los concejales de Rafaela. “Tuvimos esa devolución, lo corregimos, lo mejoramos”, dijo León, y finalmente presentaron la versión final el martes en el desayuno virtual. Ocasión en la que la Rural también presentó el propio, pero sólo para el periurbano de la ciudad cabecera.

El edafólogo de INTA también manifestó la inutilidad de plantear distancias como solución para los conflictos periurbanos. Al respecto citó al actual jefe de la EEA Oliveros, Luis Carrancio, quien lleva años ocupándose del tema y en todas las charlas repite: “si hacés una mala aplicación a 10 kilómetros de un pueblo, es muy probable que el producto llegue”. Por eso insisten que la solución son las BPA y “el compromiso del productor, el profesional asesor y el control estatal”.

Pautas de manejo

El protocolo nombra a los centros poblados “Área Urbana Protegida” y cada uno “debe tener sí o sí” determinada y marcada la línea agronómica que dispone dónde termina lo urbano y comienza lo rural. “Es la base de todo ordenamiento territorial”, dijo León, y agregó: “parece mentira, pero no todos los pueblos la tienen”. Desde ahí proponen una “línea de seguridad” de 10 metros, libre de todo tipo de aplicación, que además se complemente con una barrera forestal. “Lo que estuvimos viendo es que de caña tacuara funciona muy bien, es una especie rapidísima, hace una cortina completa y si se le puede intercalar especies más altas podría hacer una muy buena barrera”, detalló.

Desde ahí “hasta los 1.500 metros o el camino perimetral más cercano” se forma una franja que llaman “Área de Aplicaciones Restringidas”, en la cual habrá “un control absoluto de la comuna a través de un veedor que va a recepcionar 48hs antes, mínimo, la receta agronómica, el pedido de aplicación; y el día y a la hora solicitado va a estar en el lugar como para autorizar o prohibir la aplicación según las condiciones meteorológicas, del cultivos, del operario y de la máquina pulverizadora”. Además, sólo podrían utilizarse productos banda verde; y excepcionalmente, cuando no exista un fitosanitario con esa característica para determinada plaga, uno de banda azul.

Desde esos 1.500 metros en adelante, a los 1.000 siguientes se los denomina “Área de Responsabilidad Social Rural”, donde se apela a la buena conducta de productor. “Porque si hacés una mala aplicación en este sector no regido por la ordenanza el producto puede llegar a donde no se desea”, indicó el técnico, y propuso realizar capacitaciones para ellos. Las aplicaciones aéreas, en tanto, sólo se autorizarían desde los 2.500 metros en adelante con las mismas fiscalizaciones del veedor.

En en los alrededores de las escuelas, León explicó que el protocolo establece 100 metros de “Área de Seguridad” sin aplicaciones, mientras que el “Área de Aplicaciones Restringidas” llega hasta los 1.000 metros. El dato clave es que sólo podrán realizarse pulverizaciones durante el fin de semana, “desde las 18hs del viernes hasta las 18hs del domingo”, indicó, y el establecimiento deberá estar debidamente anoticiado.