Ahora perdonan a las empresas de los cuadernos

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El Programa de participación Público Privada (PPP) debe empezar sus trabajos a finales de este mes. Pero el dólar y la causa de los cuadernos complicaron el financiamiento y el protagonismo empresario de un programa que es vital para no agravar la recesión económica. La Casa Rosada ha salido al rescate de las empresas complicadas en la causa judicial por las coimas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no perderán los contratos que ya se han firmado y seguirán como proveedoras del Estado. Deberán para eso pagar una multa y suscribir un código de conductas de integridad, según explicó el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

El funcionario explicó que “por pedido del presidente Mauricio Macri” el gobierno exigirá además que los directivos y accionistas involucrados en la causa de los cuadernos “den un paso al costado”. Ni condenados ni arrepentidos podrán figurar en la directiva empresaria que tenga intenciones de continuar los compromisos asumidos o hacer ofertas en contratos a licitar.

Armando Loson, Aldo Roggio, Juan Chediack, Manuel Santos Uribelarrea y Gerardo Ferreyra -según contabiliza hoy La Nación- ya cedieron el control de sus empresas. “No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo”, subrayó el procurador del Tesoro.

Para los nuevos contratos rige la ley de Responsabiliadd Empresaria con Estándares de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde). La Oficina Anticorrupción publicó hoy una resolución por la cual las empresas involucradas en los cuadernos también adhieran a estas pautas, ya que la ley no es retroactiva.

La Resolución 27/2018 aprueba los “Lineamientos de Integridad”.

“El Estado, a través de la OA, la Sigen, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hará un seguimiento para que las empresas cumplan con los lineamientos éticos a lo largo de toda la obra”, señaló Saravia Frías.

La pata financiera

Si bien las empresas debían traer sus inversores, la corrida cambiaria y las causas judiciales desalentaron a los bancos internacionales. El Gobierno creó entonces un fideiconmiso por el cual se hace cargo del “riesgo” que debían asumir las empresas al pedir el crédito.

Francisco Cabrera -asesor de Macri y titular del BICE- fue el encargado de negociar con bancos internacionales, organismos multilaterales e inversores institucionales durante el viaje del presidente a Nueva York para participar de la asamblea de la ONU. Funcionarios de Transporte y el BICE volverán a Manhattan para destrabar los fondos una vez publicada la nueva exigencia de la OA a los empresarios en el Boletín Oficial.

Odebrecht

El fiscal federal Franco Picardi pidió un embargo de $ 1.000 millones sobre las empresas que intervinieron en el soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht al gobierno de Cristina Kirchner. La solicitud incluye incluye a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y que era dueño de la firma Iecsa al momento de los hechos en 2006. Esa compañía está hoy en poder de Marcelo Midlin. Según la investigación, los sobornos se pagaron a través de la empresa Caesa de Manuel Váquez, exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte.

Presión fiscal

El Foro de Convergencia Empresarial respaldó el programa acordado con el FMI pero volvió a reclamar que el equilibrio fiscal se logre con baja del gasto y no con nuevos impuestos en tiempos de presión tributaria récord. Al reclamo se sumaron la Unión Industrial Argentina y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en las semanas previas a la discusión del presupuesto 2019 en el Congreso. Los pedidos llegan tras la aplicación de retenciones a las exportaciones y la baja de reintegros negociadas entre el Gobierno y la oposición. “El gran problema en la Argentina es el gasto público”, afirmó Miguel Blanco, presidente del Foro y director general de Swiss Medical.

Ganancias

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló en su informe a Diputados que a casi 2 millones de asalariados, jubilados y pensionados se les retuvo en julio el impuesto a las Ganancias. Es casi la misma cantidad que en igual mes del año pasado, pero son 250.000 más que en 2016 y 745.000 más que en 2015. Tributaron los solteros con un ingreso neto de más de $ 30.000 y los casados con 2 hijos con más de $ 40.000 del mismo concepto. Peña dijo que la alícuota promedio estimada para la cuarta categoría fue del 25% sobre el excedente del minino no imponible y otras deducciones.