El Banco Central reglamentó este jueves la fórmula que se utilizará para el incremento anual en los contratos de alquiler. El nuevo esquema mezclará la evolución de la inflación y de los salarios de los trabajadores registrados.
Letra chica
El Banco Central aprobó la fórmula de ajuste de alquileres
Los contratos de vivienda tendrán un incremento anual que combinará inflación y salarios.
Forma parte de la “letra chica” de la ley de alquileres aprobada en junio por el Congreso y que modificó distintos aspectos de la relación entre propietarios e inquilinos. Una de ellas es que prohibirá las subas de alquileres semestral, tal como se acostumbraba. “La ley establece que en el precio del alquiler solo pueden realizarse ajustes anuales utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”, explicó este jueves el Banco Central.
El directorio de la autoridad monetaria trató este jueves este tema y aprobó la fórmula que se utilizará para hacer ese cálculo, que será pública y que permitirá a los inquilinos y a los propietarios estimar qué reajuste debería aplicarse en su contrato de acuerdo a la inflación y los salarios de los últimos doce meses. “El índice elaborado por el BCRA tendrá carácter diario y posibilitará el cálculo del ajuste cualquiera sea el día de inicio del contrato”, aclararon fuentes del BCRA. La nueva disposición incluirá solo a los contratos firmados luego de la sanción de la ley de alquileres.
El Gobierno aún deberá reglamentar -a través del AFIP- otro elemento central de la nueva normativa. Se trata de la obligación para los locadores de registrar los contratos de alquiler que, según fuentes oficiales, se publicará en un corto plazo. A fines de septiembre perderá vigencia el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Poder Ejecutivo determinó congelar el precio de los alquileres y las cuotas de los créditos UVA y prohibir los desalojos por falta de pago.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat analiza con otros ministerios si extenderá la medida, tal como reclamaron en los últimos meses las asociaciones de inquilinos, que advirtieron que el descongelamiento sin un plan de desendeudamiento de locatarios expondría a un millón de hogares a juicios por desalojo. Según una encuesta de la Federación de Inquilinos, un 30% de los locatarios registra deudas de alquiler. De ese total, la mitad acumula dos meses impagos. Además, un 40% tiene pendientes cuotas mensuales de expensas. El sector inmobiliario, por su parte, aseguró que prorrogar el decreto provocaría “un daño irreparable” al mercado de alquileres.
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