"Teniendo en cuenta la crucial importancia de sostener el equilibrio fiscal, y que el superávit financiero estimado ronda el 0,3% del PBI, no es exagerado afirmar que las leyes tienen una incidencia desestabilizante para las finanzas públicas nacionales".
El impacto en las finanzas públicas
Las leyes previsionales vetadas tienen "incidencia desestabilizante"
El aumento de haberes y la moratoria tienen un costo que excede las fuentes de financiamiento propuestas. El detalle en un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.
Así define el El Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) el efecto de las leyes 27791 (aumento del 7,2% de los haberes y nono de $110 mil) y 27792 (moratoria previsional), vetadas por el presidente Javier Milei. El texto fue elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, que dirige Osvaldo Giordano.
El veto "se justifica no solo por su impacto fiscal, sino porque agravan los problemas del sistema previsional", señala el informe del PAL. "Se superan ampliamente las fuentes de financiamiento previstas, comprometiendo el equilibrio fiscal", advierte.
Señala además un efecto sobre las Pymes por "la eliminación de beneficios impositivos para las Sociedades de Garantía Recíproca", lo que "pone en riesgo el acceso al crédito de las PyMEs, especialmente de las más pequeñas.
"Lejos de ordenar el sistema -añade sobre el escenario previsional- las leyes aportan algunas soluciones (fortalecer la regla de movilidad, automatizar las transferencias a cajas provinciales) pero profundizan y perpetúan viejas distorsiones (prórroga de moratoria, no focalizar el bono, no mejorar el diseño de la PUAM). Mientras el ordenamiento integral sigue pendiente".
Los números
La moratoria "no contempla financiamiento" mientras el incremento de la movilidad más el bono -según la norma- se financia con eliminación del IVA sobre honorarios de directores de empresas; exenciones de IVA y Ganancias sobre aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR); reasignación de partidas de otros programas ya existentes y la transferecia de más de $32.600 millones de la Side.
"Aunque se trata de una aproximación, es claro que los aumentos de gastos son muy superiores a los nuevos ingresos", advierte el informe, refiriendo un costo anualizado en torno al 1,26% del PBI y recursos por 0,414% del Producto Bruto Interno.
Recuerda el reporte del PAL que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Ley N° 24.156) "establece una clara restricción que se auto impuso el Congreso en cuanto a la creación de nuevos gastos no previstos en el presupuesto.
"El artículo 38 de dicha ley establece que cualquier ley que autorice gastos adicionales debe especificar las fuentes de financiamiento, de modo que no se altere la distribución de recursos planificada en el presupuesto general".
Se agrava el problema
"No menos importante es que desde el punto de vista de la organización del sistema previsional las leyes, en general, tienden a agravar problemas de larga data. Probablemente el más negativo es volver a prorrogar la moratoria previsional, como se viene haciendo desde hace dos décadas.
"La razón que justifica el veto de esta ley -dice el PAL del Ieral- es que permitir el acceso a jubilaciones contributivas de manera indiscriminada a personas que no completaron los requisitos de aportes es una alternativa muy onerosa e inequitativa".
Sugiere que "hay mejores maneras de abordar el problema derivado de que la mayoría de los afiliados llegan a la edad de retiro acumulando pocos aportes. Una de las herramientas que permitirían establecer un mecanismo superador a la moratoria es el perfeccionamiento de la PUAM.
"Sin embargo, la Ley 27.792 va en el sentido contrario al reducir el requisito mínimo de edad para las mujeres y eliminar que sea condición de acceso estar en riesgo de vulnerabilidad".
Sobre el incremento en el 7,2% a todos los haberes para "reconocer plenamente la inflación de enero del 2024 cuando se introdujo el cambio en la regla de movilidad", el análisis destaca que aquél fue "un cambio costoso desde el punto de vista financiero, pero positivo a los fines de darle solidez a la regla de movilidad.
"Darle sostenibilidad jurídica a la regla de movilidad, actualmente regulada por un DNU, es un cambio extremadamente necesario. De lo contrario, como viene ocurriendo de manera persistente y masiva, la consecuencia seguirá siendo la acumulación de juicios que la ANSES terminará perdiendo ante la Justicia".
Concluye el reporte que "sin perjuicio de ello, cabe alertar que, tal como está redactado el artículo, se comete el error de no excluir a quienes tengan alta posterior al mes de enero 2024".
Impacto negativo en las Pymes
"Particularmente negativo es el impacto de eliminar las exenciones impositivas que gozan los socios protectores de las SGR. En el actual contexto, este instrumento es de vital importancia para compensar las discriminaciones en el acceso al crédito que sufre el amplio segmento productivo que integran las empresas más pequeñas", señala el informe.
Explica que esta herramienta financiera otorga avales para las Pymes sin acceso al crédito convencional. La Secretaría del área que el monto otorgado en avales por el sistema de SGR alcanzó los US$ 2.500 millones en mayo 2025, distribuido entre 43.000 Pequeñas y Medianas Empresas.
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