Análisis: Propuesta que ahonda el deterioro institucional

Por Lilia Puig

En el año 2005, la Argentina tuvo por primera vez una regla para las elecciones nacionales que buscaba imitar la racionalidad electoral de las democracias estables. El Congreso nacional fijó el cuarto domingo de octubre como la fecha en que se deberían llevar adelante las elecciones de presidente, senadores y diputados nacionales. La ley tuvo su origen en un proyecto del presidente Kirchner y fue apoyado por los bloques de la oposición.

En esos tiempos todavía se creía que era posible mejorar la institucionalidad política. Me tocó ser uno de los voceros del bloque radical en la sesión de la Cámara de Diputados por haber presentado un proyecto en ese sentido. Creía que era necesario tener una fecha fija, salir de las manipulaciones electorales de los presidentes o de los gobernadores que, usando la fecha electoral como un recurso político, acomodaban las elecciones a la medida de los intereses del partido político que los había puesto en el gobierno. Como decía Norberto Bobbio, la democracia se reconoce en un conjunto de reglas fundamentales entre las que se destacan las que regulan la competencia electoral. Estas reglas deben tratar a todos los partidos políticos por igual sin considerar la situación en la que circunstancialmente se encuentren. La existencia de una fecha fija se apoya en esa idea.

Uno de mis argumentos a favor de una fecha propia de las elecciones nacionales era que es necesario que el ciudadano al momento de elegir diferencie las responsabilidades que asumirán los elegidos. Las competencias y las obligaciones del Estado nacional no son las mismas que las de las provincias o los municipios. En un país que tiene pendiente el funcionamiento de su federalismo las reglas deben facilitarle al ciudadano esa diferenciación.

Entre los argumentos esgrimidos para modificar la fecha de las elecciones se ha dicho que la elección de octubre es un “escollo” y que los posicionamientos partidarios “poco tienen que ver con los intereses de los argentinos”. Ni lo uno ni lo otro. Las elecciones en octubre brindaban claridad sobre el contenido de la elección, permitían despejarlo de las situaciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fortalecían la posibilidad de que los argentinos tuviéramos un debate claro sobre la cuestión federal puesta en la agenda pública a partir del año pasado a raíz de las controversias generadas por la resolución 125.

Los partidos políticos son las organizaciones responsables de ofrecer candidatos y programas de gobierno a los ciudadanos para que gobiernen en lugar de ellos ocupando los cargos de dirección del Estado. Por ello, es del máximo interés de los ciudadanos conocer los posicionamientos internos de los partidos, quiénes integran cada fracción, cómo se financian, qué ideas llevarán al gobierno.

La crisis no es un argumento válido para modificar el calendario. Los Estados Unidos hicieron una elección democrática ejemplar en el momento de una de las crisis económicas más graves de su existencia. El razonamiento es el inverso, la crisis exige la consulta al ciudadano y es la obligación de quienes gobiernan no confundirlo mezclando elecciones nacionales con provinciales o municipales. La fecha elegida parece un símbolo del deterioro de nuestra democracia: el 28 de junio de 1966 fue derrocado el presidente Illia.

(*) Diputada nacional en el período 2001-2005.

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