La delegación argentina basó su alegato ante el Tribunal de Justicia de La Haya en el concepto de "daño inminente" para sustentar su pedido de suspensión de las obras en las plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos, apuntando al corazón de la problemática que debe dirimir con el Uruguay. La comitiva, encabezada por la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, desarrolló una minuciosa exposición de 3 horas, en el marco de las cuales recorrió múltiples aspectos de la coyuntura pastera. Tras la exposición de Cerutti, continuó en la palabra la abogada Romina Picolotti -del Centro de Derechos Humanos y Ambiente- y luego, los cuatro abogados que trabajan junto a la delegación argentina: el jurista británico Philippe Sands; el abogado argentino Marcelo Kohen -radicado en Inglaterra y profesor en la Universidad de Ginebra-; el suizo Laurenc Boison de Chazournes, y el profesor en derecho internacional, el francés Alain Pellet. Cerutti censuró repetidas veces la "unilateralidad" con la que el vecino país decidió la construcción de las plantas, con la consiguiente "violación del tratado bilateral que rige la gestión del Río Uruguay". La diplomática explicó que el Estatuto de 1975 impone a cada parte la obligación de notificar "previamente" a la otra la ejecución de este tipo de proyectos y de escuchar sus posibles observaciones. "Subrayo la palabra previamente", enfatizó. "En estos momentos en los que comparecemos ante la Corte, continúa la construcción de las dos fábricas de talla monumental con el objeto de convertirlas en hechos consumados", enfatizó. El británico Sands insistió en la idea de que el Estatuto establece un "régimen común para la explotación del río, que obliga a cada una de las partes a notificar previamente a la otra cualquier proyecto que afecte a la calidad de sus aguas". "Dado que Argentina ha rechazado repetidas veces este proyecto, Uruguay no está legitimado para hacer ninguna obra en absoluto", sostuvo. Por su parte, el francés Pellet dijo que son "sólo las medidas cautelares pueden evitar lo irreparable" y les advirtió a los jueces que "la construcción ya causa daños y su eventual puesta en marcha agravaría la situación". Al término de la exposición, Cerruti y Picolotti destacaron que "la Argentina aún hoy no cuenta con las informaciones indispensables para poder saber exactamente la magnitud del daño" que producirían las pasteras de Fray Bentos. "La falta de esta información quedó en evidencia con los informes realizados por los expertos independientes contratados por el Banco Mundial para la Corporación Financiera Internacional, que manifiestan que aún no se explica el motivo por el cual se eligió este lugar", enfatizó Cerruti. Respecto de qué tiempo se tomará el Tribunal para expedirse, la Consejera Legal dijo que "escuchando a la presidenta de la Corte no tengo dudas de que este Tribunal va a tratar de pronunciarse lo antes que pueda". Fuente: Télam.




