"La carencia de infraestructura provoca la exclusión judicial"

Gustavo Capeletti - [email protected]

Entrevistado por El Litoral el colegiado norteño alertó sobre la profundización de la crisis del sistema judicial de la región y llamó la atención que sobre lo difícil que resulta ejercer convenientemente la profesión abogado en un contexto edilicio y funcional cada vez más arcaico. Además, señaló con contundencia que la falta de confianza en el sistema judicial se origina en la falta de infraestructura adecuada. Es este sentido fue más a fondo aún al denunciar que la negación de los derechos civiles empuja a los ciudadanos a un estado de esclavitud.

—¿Cuál es la situación actual de la Justicia en el norte?
—La misma que venimos denunciando, pero progresivamente tiende a ser más grave. El abogado afronta a diario la ineficacia judicial, soporta largas filas de espera, muchas veces recibe trato irrespetuoso y se ve obligado a explicar a su cliente lo inexplicable. Así se hace muy difícil ejercer con solvencia la profesión, pero quien padece las consecuencias últimas es la población, a la que se le provoca la frustración de derechos elementales.

—Por eso la solicitud de emergencia por parte del Colegio de Abogados
—Claro. La realidad indica que sobre el tema el Colegio ha marcado una línea de acción, a raíz de los hechos objetivos que ocurren en esta jurisdicción. El tema de la emergencia ha sido ratificado en su totalidad por los cinco Colegios de Abogados de la provincia, funcionarios del Poder Judicial, la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA) Federación Centro de Colegio de Abogados, pero lo más importante, es que los distintos estamentos de nuestra zona -políticos y entidades intermedias- están consustanciados con la problemática y nos han brindado decidido apoyo. Las falencias del servicio de justicia afecta a toda una sociedad, excede el ámbito de los abogados.

—¿Qué nivel de respuesta a estos reclamos han tenido desde el gobierno?
—Desde el Poder Ejecutivo, más allá de las críticas infundadas a nuestro documento, y desde otros poderes se ha actuado tratando de atenuar la problemática. Podemos enunciar el nombramiento del secretario en el Juzgado Civil de Vera; el acortamiento de los plazos en la selección de jueces en del Consejo de la Magistratura; el dictado un decreto que dispone un nuevo mecanismo para la designación de jueces subrogantes; y por fin se ha llamado a concurso para cubrir la vacante generada en agosto pasado en la Cámara Civil de Reconquista. Además se designó el secretario subrogante en el Juzgado Laboral de Reconquista y el definitivo en el circuito de Villa Ocampo, hubo audiencias el Ministro de Justicia y se ha enviado a la zona parte de su equipo para brindar detalles sobre el Proyecto de ley de Ministerio Público Fiscal.

—Son varias cosas en poco tiempo.
—Es relativamente cierto, se nos ha tenido en cuenta, pero falta muchísimo para que esto pueda revertirse. La crisis del poder judicial provincial, en especial en esta zona, es producto de años de desatención de los distintos gobiernos de turno. Esta situación crea una gran desconfianza en el sistema judicial. Es muy difícil explicar al común de la gente que una audiencia se está fijando para marzo de 2010, que juicios tardan años en resolverse, que obtener un cheque judicial sea un proceso de varios meses, en una época en donde las transacciones económicas son electrónicas.

—En definitiva, se deduce que las medidas no modifican mayormente el cuadro de situación.
—Se debe comprender que la crisis va más allá de acelerar un proceso de selección de jueces o implementación futura de nuevas estructura para el proceso penal oral o cubrir vacantes de otros funcionarios. La emergencia requiere de soluciones excepcionales. El gobierno no debe elegir confrontar con nosotros, se impone un diálogo permanente, los Colegios tienen mucho para aportar, hay mucha crispación y desánimo en la sociedad como para que nosotros sumemos confusión y no soluciones. A veces salimos a los medios como último recurso para denunciar una situación que se la desconoce o no se la quiere admitir, además constituye un deber cívico insoslayable y un imperativo de conciencia.

—En sus apreciaciones hace notar que la comunidad es la más perjudicada en toda esta cuestión.
—No tenga dudas, el servicio de justicia debe funcionar como cualquier otro, el acceso al mismo es un derecho fundamental para el ser humano no solamente contemplado en nuestra constitución sino en los pactos internacionales. Hoy se observa a las defensorías abarrotadas de gente, al igual que el consultorio gratuito de Colegio de Abogados o el Servicio Jurídico de Cáritas. Allí concurren personas de que no tienen recursos y en esos lugares es la única y última esperanza que tienen para reclamar sus derechos. Tenemos una sociedad donde existen demasiadas personas excluidas, si hay excluidos del sistema judicial estamos condenando al ser humano a la perdida de sus derechos civiles, prácticamente a la esclavitud. Un sistema judicial débil, torna débiles los derechos de los ciudadanos.