La ley dispone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la implementación de un nuevo registro de conducir, que será otorgado con una cantidad de puntos, mediante un sistema conocido como scoring, que serán descontados según las infracciones que cometan los conductores.
La Cámara Alta desechó la modificación introducida por los diputados y mantuvo la prohibición incorporada inicialmente para la venta de bebidas alcohólicas a la vera de rutas nacionales y publicidad de esos productos en los caminos.
El oficialismo, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, aceptó la incorporación de un artículo que hizo la Cámara de Diputados, para destinar el 1 por ciento del valor de las pólizas de seguro de los autos para financiar las disposiciones viales que introduce la ley.
El artículo fue rechazado por senadores de la Coalición Cívica (CC) y la UCR. La representante de la Coalición Cívica, María Eugenia Estensoro, consideró ``no necesario'' el artículo, al manifestar que, ``este año, el Estado recaudará por retenciones 32 mil millones de pesos que no coparticipa. Podría dedicar una parte al mantenimiento de las rutas y caminos nacionales'', sostuvo la senadora.
El presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, manifestó que ``el Poder Ejecutivo no destina los recursos necesarios para acondicionar las rutas de todos los argentinos''.
El debate de la iniciativa se inició con la votación del articulado en general del proyecto, que obtuvo 58 sufragios a favor y dos en contra. En contra de la ley votaron los senadores justicialistas por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes objetaron el control de Gendarmería Nacional en las rutas de la provincia, previsto en la norma.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial unificará las políticas en la materia y funcionará en el ámbito del Ministerio de Interior, mientras el Registro Nacional de Licencias de Conducir permitirá realizar estadísticas y contar con los antecedentes viales de los conductores.
Interjurisdiccional
La norma afronta la temática vinculada con la seguridad vial como una cuestión interjurisdiccional. Para la entrada en vigencia, la norma deberá ser ratificada por las legislaturas provinciales.
La ley fue impulsada por el gobierno nacional y apunta a reducir a la mitad el número de muertes ocurridas en accidentes en las rutas, dijo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en declaraciones realizadas a la prensa el 14 de marzo.
El funcionario explicó que la unificación de las normas viales alcanzará la emisión de licencias de conducir, tarea que recae en la actualidad en cada municipio. La Ley de Seguridad Vial incluye la coordinación de controles en rutas, registros de accidentes viales y penalización por acciones imprudentes y faltas graves.
Ley de seguridad vial
El Congreso aprobó el carné por puntos
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