Un grupo de diputados nacionales de la oposición promovió hoy en la Cámara Baja el juicio político contra el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, por sus declaraciones respecto al Consejo de la Magistratura. En tanto, el juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la denuncia penal que radicó la Procuración General de la Nación, a pedido del gobierno, para investigar a los integrantes del Consejo de la Magistratura por la oposición y a camaristas por la designación de jueces en el fuero Civil y Comercial Federal.
La movida contra Alak fue motorizada por los legisladores Patricia Bullrich (Unión por Todos), Juan Casañas (UCR), Pablo Tonelli (PRO), Ramona Pucheta (MIJD) y Omar De Marchi (Partido Demócrata de Mendoza).
Bullrich señaló que “sustentamos la acusación en el haber interferido haciendo abuso de autoridad y violando la división de poderes para la designación de un Magistrado que quedara a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, buscando designar un funcionario que le responda al Poder Ejecutivo, utilizando maniobras extorsivas a fin de lograr las renuncias de los funcionarios que fuesen nombrados, lo cual podría consistir en la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Para la legisladora el ministro “realizó declaraciones tendenciosas e irresponsables que hicieron injerencia directa en el ánimo del Magistrado (Raúl Tettamanti) llevándolo a presentar su renuncia al cargo”, tras lo cual -según la diputada- “se llega a la designación del Juez Raúl Torti y nuevamente Julio Alak arranca con su ofensiva verbal contra el magistrado sorteado”.
Por el otro lado, la Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 una denuncia para que se investigue los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia pide investigar a los cinco consejeros señalados como opositores: los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky y al juez Ricardo Recondo, quienes rechazan aprobar la terna alegando “irregularidades” en la elección de varios candidatos a quienes señalan como afines al gobierno.
También apunta a camaristas del fuero en lo Civil y Comercial que fijaron cómo se cubriría interinamente el juzgado vacante donde se tramita la causa por la eventual inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de Medios.
Denuncias cruzadas
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