El primer juicio oral y público en Tucumán por los crímenes de la dictadura fue suspendido este martes por la tarde a raíz de una presunta descompensación en la salud del ex jerarca militar Antonio Domingo Bussi, a quien retiraron en camilla de la sede de tribunales.
De esa manera, el juicio recién se retomará este viernes. Durante las más de dos horas que duró la audiencia inaugural del proceso, Bussi, de 82 años, ex interventor militar en la Provincia y jefe del Operativo Independencia, había permanecido sentado en el banquillo de los acusados, con una mochila de oxígeno, entrecerraba los ojos y parecía adormecerse.
Pero luego del cuarto intermedio de mediodía, el ex general aseguró que sentía dolores en el pecho, por lo que el perito médico Mario Andrés Galvez lo revisó y recomendó su internación con fines de someterlo a estudios y análisis en prevención de "un posible síndrome coronario agudo".
Finalmente, Bussi salió acostado sobre una camilla de la sala de audiencias en dirección hacia una ambulancia, que lo trasladó a un instituto privado de cardiología, mientras muchos manifestantes que aguardaban en la calle gritaban e intentaban golpear el móvil sanitario.
Junto a Bussi, en el banquillo estuvo su ex superior Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, ex jefe del III Cuerpo de Ejército.
Ambos son enjuicidos por el secuestro y desaparición del senador nacional Guillermo Vargas Aignasse cometido el 24 de marzo de 1976.
Hasta último momento, Bussi intentó eludir la obligación de estar presente en el proceso alegando problemas de salud, ya que padece una dolencia crónica, pero una pericia médica determinó que estaba en condiciones clínicas de afrontar al tribunal oral en lo criminal de la provincia.
Cuando los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi ordenaron un cuarto intermedio, algunos miembros del público aplaudieron y gritaron "!asesinos!" a los dos ex generales, por lo que el secretario del tribunal mandó a hacer silencio bajo amenazas de desalojar la sala.
Antes del comienzo de la audiencia, Ricardo Bussi, hijo del ex represor, adelantó que su padre "reclamará la presencia" ante la Justicia "de su comandante en Jefe" en 1976, María Estela Martínez de Perón, porque fue ella quien "ordenó aniquilar" a la subversión.
Bussi y Menéndez -quien cumple prisión perpetua por otra causa en Córdoba- afrontan una acusación por los delitos de violación de domicilio; aplicación de tormentos reiterados; homicidio calificado; privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita, los que constituyen delitos de lesa humanidad.
La etapa de prueba en este proceso iba a abrirse el miércoles, cuando declararía Marta Cárdenas, esposa de Vargas Aignasse y la última persona en verlo con vida.
Luego estaba previsto que de su testimonio el represor Alberto Luis Cattáneo, quien se desempeñó como segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército en la dictadura y ordenó el traslado del entonces senador a una cárcel desde la que fue desaparecido.
Horacio Guerineau, abogado de Menéndez, aseguró que su defendido no estuvo en la provincia cuando Vargas Aignasse fue secuestrado, y lo consideró un hombre "cristiano, católico, apostólico romano y muy centrado".
Según afirmó el fiscal federal Emilio Ferrer, quien intervino en la causa judicial, Vargas Aignasse estuvo "alojado clandestinamente en la Brigada de Investigaciones" y allí "fue sometido a tratos crueles inhumanos e interrogatorios bajo tortu¡as".
El senador, padre del actual diputado justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, tenía 35 años al momento de su secuestro, era licenciado en Física y había sido electo legislador provincial el 11 de marzo de 1973 tras integrar la lista del FREJULI.
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