El gobierno provincial cesanteó a ocho policías pertenecientes a Apropol y Adepol, gremios no reconocidos legalmente pero que vienen manteniendo una profusa exposición pública en los últimos tiempos. ``Nos corrieron porque denunciamos la corrupción en la policía''. La frase pertenece a Alberto Martínez, referente de Apropol. Su nombre se encuentra en un decreto, firmado el 19 de diciembre pasado por el gobernador Jorge Obeid y el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. Entre los argumentos de la medida dispuesta por el gobierno provincial se atribuye a los efectivos desplazados haber incurrido en faltas, que por su trascendencia pública, menoscabaron la disciplina y la investidura policial. Esta postura, según interpreta el gobierno en la norma, constituye un agravante que habilita a la máxima sanción. Apropol nació en junio de 2001 y desde su aparición fue un dolor de cabeza para la administración provincial, que nunca la reconoció legalmente. El nivel de exposición más importante que tuvo esta agrupación se produjo en abril del año pasado, cuando llevó adelante en Rosario un acuartelamiento en la jefatura de la URI, que obligó al gobierno provincial a pedirle al Ministerio del Interior que ordenara el traslado de la Gendarmería Nacional para que patrullaran las calles de Rosario, despobladas por 20 horas de policías. A los referentes de Apropol y Adepol se los acusa además de haber impedido el ingreso y egreso de las patrullas para cumplir servicio, cuando realizaron esa medida de fuerza. Martínez negó esta imputación al afirmar: ``Nunca nos negamos a prestar servicio. Pero para ello pedíamos elementos de seguridad idóneos. El día anterior había muerto un policía. Era el sexto que moría con pistola trabada, sin chaleco y mal dormido''. La protesta estalló luego de la muerte del agente Diego Navarro, quien fue asesinado en un asalto a un supermercado de la zona norte de Rosario. Desde un principio Apropol sostuvo que Navarro murió porque no pudo repeler el ataque de los delincuentes, luego de que su arma reglamentaria -según señalan- se trabó. La medida de fuerza se levantó después de que la jefa de Policía Leyla Perazzo se comprometió a incrementar la provisión de ropa y elementos esenciales para el trabajo de un agente de seguridad. Pero también la provincia dispuso el pase a disponibilidad de 40 agentes que participaron de la protesta. Entre los policías echados se hallan los máximos referentes de Apropol, tanto en Santa Fe como Rosario. Además de Martínez figura Miguel Zalazar, Ramón Carruega, Mario Osvaldo Morán y Jorge Eladio Flores. De parte de Adepol -el otro sindicato policial- despidieron a José Elvidio Arce, a Roque Palermo y Guillermo Palermo. El decreto 3.296 deja también cesantes a otros dos policías: el sargento Jorge Areyú y el cabo Alfredo Agati, quienes son los únicos que se les imputan delitos comunes y no faltas atribuidas al desempeño de actividades reivindicativas. Por eso, desde Apropol aclararon que estos dos agentes no pertenecen a esa agrupación.
