José Curiotto
El nuevo campo de batalla está dispuesto. Y la primera en arrojar una andanada de disparos fue Cristina Fernández, cuando ayer utilizó gran parte de un discurso pronunciado en Río Gallegos para criticar a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No fue todo. A través de sus palabras, apuntó directamente a los oídos del ciudadano común y advirtió que los jueces, como corporación, actúan como si estuviesen por encima del poder del pueblo.
Lo que la presidenta no dice es que, en realidad, de aplicarse la nueva ley de elección popular de consejeros de la Magistratura, los jueces estarían fuertemente condicionados por el poder político de turno, porque los candidatos a consejeros serán postulados en listas sábanas por los partidos que participen de las próximas elecciones.
Más allá de cuál sea el sector que gane las presidenciales, dicho partido estaría en condiciones de nombrar, sancionar o remover jueces, con sólo alcanzar la mayoría simple dentro del Consejo.
En otras palabras, se generaría el escenario propicio como para que el partido que gana las elecciones logre la suma del poder público. Este contexto, contradice de plano la esencia del sistema republicano de gobierno y el espíritu de la Constitución Nacional reformada en 1994.
A diferencia de lo que fueron las batallas anteriores, esta vez el contrincante del gobierno no es el campo, la Iglesia, los periodistas, la oposición o algún tibio dirigente político. Esta vez, el contrincante es nada más, y nada menos, que otro poder del Estado: la Justicia.
En caso de que la Corte falle en contra de los deseos de la presidenta, todo indica que el gobierno reaccionará con vehemencia y redoblará su apuesta.
Días difíciles
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