Diputados avanzó con cuatro de los proyectos para la reforma judicial

Por Mario Cáffaro
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La Cámara de Diputados dio un paso más para poner en marcha el nuevo sistema penal de la provincia, al votar tres de los cinco mensajes enviados en los primeros días de febrero por el Poder Ejecutivo: son los referidos a la organización de los tribunales penales en la provincia, la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal. En tanto, dejó para dentro de dos sesiones la futura ley de transición, y para tres, la de protección de testigos y víctimas.

Asimismo, el cuerpo dio media sanción a la creación de 8 juzgados unipersonales de familia en la provincia y sendos colegiados de esta materia para Santa Fe y Rosario.

Las futuras leyes para la instrumentación de la reforma penal fueron votadas en el marco de una madura discusión entre oficialismo y oposición, donde -más allá de las diferencias- ambos sectores comprendieron la importancia institucional del debate. El justicialismo se abstuvo de votar las normas referidas al Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal, mientras que acompañó con su voto la organización de los tribunales penales.

La creación de nuevos juzgados de Familia fue votada por unanimidad, pese a la queja de la justicialista Alejandra Vucasovich, quien reclamó diálogo y respeto del Poder Ejecutivo para con el Legislativo. La legisladora había presentado un proyecto para crear cuatro juzgados de familia, los que fueron tomados en el mensaje del Ejecutivo. En definitiva, los tribunales unipersonales de familia estarán localizados en Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, Cañada de Gómez, Casilda, San Lorenzo y Villa Constitución. Además, prevé un juzgado de fuero pleno en San Javier y nuevos colegiados en Santa Fe y Rosario.

Parecidos pero diferentes

Los tres proyectos referidos al futuro sistema penal santafesino fueron votados luego de una discusión de dos horas y media en el recinto que abrió el jefe de la bancada oficialista, Raúl Lamberto. “Son tres mensajes separados, pero indisolubles de la tercera etapa de la transformación del sistema penal inquisitivo a un sistema oral”, para luego pasar a desmenuzar uno a uno el significado, así como los cambios introducidos en la discusión, producto de los aportes de la oposición, del gremio de Judiciales y de los colegios de Abogados de la provincia.

En lo que hace a la ley de Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial, reemplazará la vigente N° 10.160 para el fuero, adaptándola a un sistema flexible y desburocratizado que permita a los jueces penales desarrollar su función conforme a nuevos parámetros. “El proyecto propone un cambio en la manera en que se ejercerá la jurisdicción penal. Se aparta de la idea de que cada juez sea titular de un tribunal y maneje a su grupo de empleados. Por el contrario, todas las actividades de soporte a la función jurisdiccional son centralizadas y gerenciadas por expertos”, dijo Lamberto. “Cada juez tendrá asignadas causas y no juzgados al que le llegan causas”, precisó.

Después, explicó que el Ministerio Público de la Acusación tendrá a su cargo la formulación y ejecución de la política de persecución penal pública; la orientación de las víctimas y la dirección de la investigación criminal. Subrayó que el Ministerio se asentará en los pilares de autonomía funcional, autarquía económica, unidad de actuación, precisión en la misión y función institucional, orientación a las víctimas y flexibilidad de la organización. En cuanto al servicio de la Defensa Penal, el socialista explicó que el proyecto persigue profundizar y jerarquizar la defensa pública, sin dejar de resaltar las virtudes del defensor de confianza, el defensor particular.

Jorge Lagna tuvo a su cargo fijar la postura central de los distintos bloques del justicialismo. “Nuestra intención es acompañar el tratamiento y el voto de este paquete de leyes que tiene carácter fundacional desde lo institucional y que, más allá de futuras y seguras reformas, está destinada a regir por varias décadas en la provincia”. De todas maneras, el sector se pronunció por el criterio de un solo Ministerio Público, dentro de la órbita del Poder Judicial. “No hay posibilidad alguna de acercarnos a la propuesta oficialista, que es crear dos ministerios, con exclusión de la Corte y del Procurador, con una mal llamada autarquía financiera y autonomía funcional”.

El legislador justicialista fundamentó la abstención de toda la oposición. “Este paquete surgió de un laboratorio, pero el PJ no va a impedir su sanción. Somos partidarios de otro sistema, pero no queremos poner una valla. Consideramos que hay, con dos ministerios diferenciados, un derroche económico y humano”. Además, negó que pueda existir autarquía cuando no la tiene el propio Poder Judicial.

Enrique Marín y Mario Lacava también sumaron sus voces, especialmente el segundo, al justificar la abstención. En cambio, por el oficialismo, Pablo Javkin hizo una defensa desde la filosofía del Derecho del proyecto; Luis Mauri insistió en que las normas darán operatividad a los derechos establecidos en el nuevo Código y cerró la lista el radical Santiago Mascheroni, asegurando que se vota “por un sistema ágil, que no viola la Constitución y que respeta los derechos y garantías de la sociedad”.