El presidente del Directorio del Ente Regulador de los servicios Sanitarios, Oscar Pintos, explicó por qué el ente de control a su cargo no tiene responsabilidad en vigilar situaciones como las que hoy vive Assa.
Como se sabe, el modelo del control del Enress sobre Assa responde a la lógica de la privatización, en la que lo que importaba era verificar si se cumplían o no las metas contractuales en la prestación del servicio.
“De acuerdo con la Ley 11.220 y por el marco regulatorio vigente, el Enress tiene la obligación de controlar las obras del servicio sanitario; no las obras en construcción que una vez finalizadas van a formar parte de los servicios”, expresó Pintos.
“La obligación es la de controlar la prestación del servicios, es decir, con las obras que ya están en uso; en pocas palabras: a nosotros nos toca actuar después que se cortan las cintas de la inauguración”, graficó.
“Lo que sí podemos verificar, y así ocurre, es si la calidad del servicio, de las prestaciones es o no la que la ley marca, y para eso se hacen análisis sobre el agua que se entrega a los usuarios. Ante determinadas obras podemos pronunciarnos cuando, por ejemplo, el prestador dice que va a terminar un trabajo en tres meses y nosotros sabemos que materialmente es imposible”, explicó sobre los informes anuales sobre Assa.
“De ninguna manera, podemos entrar en el análisis de las certificaciones de obras de un prestador, eso sería hacer una inspección de obras, algo que no nos corresponde llevar adelante”, ratificó.
Pintos dijo que -tras la difusión pública de la existencia de certificaciones apócrifas- se revisará la información que Assa ha entregado al Enress sobre las obras en Rufino y Cañada de Gómez.
¿Y el Enress?
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