Luis Rodrigo
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Mediante dos leyes provinciales, la 10.503 (de 1990) y la 11.017 (de 1993), la provincia de Santa Fe le abrió las puertas -hace más de dos décadas- a un mecanismo de endeudamiento, en dólares, para la construcción de obras de saneamiento.
Ambas normas fueron votadas durante los gobiernos justicialistas de Víctor Reviglio y Carlos Reutemann, hace ya casi un cuarto de siglo, pero -en parte- los efectos de ese costo financiero propiciado por ambas gestiones aún perdura.
Debe decirse que la convertibilidad de los ‘90 ofrecía estabilidad, tasas de interés bajas, y un tipo de cambio que permitía tomar con facilidad deudas fuera del país, aún para las cooperativas de servicios públicos, las municipalidades y las comunas del interior.
Otro gobierno justicialista, hoy le descuenta a la provincia de Santa Fe por vía de la coparticipación federal el pago de las cuotas para saldar esos préstamos.
Es que las normas santafesinas citadas, además de facilitar el esquema de financiación propuesto, otorgaron los avales correspondientes. La provincia fue garante de los préstamos que tomaron sus ciudades.
El Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del ex presidente Eduardo Duhalde (PJ), por Decreto Nº 53/2003, estableció que no se encontraban incluidas en la pesificación las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera de los Estados provinciales, municipales y de las empresas del sector público y privado a favor del gobierno nacional, originadas en préstamos subsidiarios o de otra naturaleza y avales, como los casos de las deudas por cooperativas y municipios.
La mayoría de los préstamos del Enhosa se completaron durante el uno a uno. En cambio, los que se tomaron cuando la paridad cambiaria tenía los años contados debieron afrontar un costo extra, que los convirtió en carísimos. O peor, en impagables.
Impagable rojo en verdes
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