La apelación argentina argumenta que Griesa “carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo”.
Anoche a última hora, en un comunicado oficial, el ministro Hernán Lorenzino aseguró que el país solicitó a la Cámara “el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar” con un fallo revisado por los 13 miembros que integran el tribunal de alzada.
Argentina sostiene la “iniquidad” del “pari passu” o igualdad de trato dispuesto por Griesa, que consiste en pagar a los buitres el total de su reclamo en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038.
El país busca que la apelación impida además a Griesa embargar la plata que argentina debe depositar en un banco de Nueva York entre el 2 y el 15 de diciembre para pagar unos U$S 3.000 millones por cuotas de la deuda canjeada. Si eso sucede, los acreedores que consintieron el canje no recibirían el total de sus pagos y el país entraría en default técnico”.
Precisamente los “Tenedores de bonos” canjeados (The Exchange Bon Holders, en inglés) advirtieron en otra presentación a la Corte de Apelaciones, que el fallo del juez Griesa puede afectar la “preeminencia” de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York “como centros financieros mundiales” si no garantizan sus intereses.
La 'iniquidad' con los bonos canjeados
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