Luis Rodrigo
En la Cámara de Senadores, el bloque del PJ sostuvo durante todo 2010 que la actual concesión de la autopista a Rosario necesitaba de una nueva ley.
En cambio, el Ejecutivo consideró que bastaba con la norma vigente que -en los ’90- privatizó la vía de comunicación. Y por eso simplemente dictó decretos para el llamado a licitación y la adjudicación de la concesión, bajo un nuevo contrato.
Oficialismo y oposición se embarcaron en una discusión técnica-legal pero también política, que siguió de ambos lados argumentos similares a lo ocurrido con el banco.
Para algunos de los senadores de la oposición, el tema iba más allá del aspecto legal: se trataba de demostrar -mediante un proceso complejo- que la administración del Frente Progresista había “reprivatizado” la autopista. El Tribunal de Cuentas hizo caer ese argumento.
Debe advertirse que lo que el justicialismo del Senado nunca hizo es criticar la decisión política del actual gobierno de concesionar la autopista: nadie criticó que se deje su gestión en manos privadas.
Para el conjunto de la oposición, el peronismo, hubiera sonado a una doble contradicción. No pueden hacerlo quienes reivindican los gobiernos de Reutemann y Obeid, ni los kirchneristas que ven que el gobierno nacional renovó y asistió con jugosos subsidios todos los negocios del peaje.
Criticar los ‘90 es un lugar común del discurso político. Lo hacen unos y otros, pero la realidad es que buena parte de su legado no cambia.
Inmutable ley de los 90
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