Investigarán a Felisa Miceli por supuesto lavado de dinero

La Cámara Federal porteña ordenó investigar por supuesto lavado de dinero a Felisa Miceli, la ex ministra de Economía que se fue del Gobierno en julio del año pasado cuando se descubrió en su baño privado una bolsa que contenía 100 mil pesos y 31.670 dólares.

En un fallo al que accedió DyN, la Sala II de la Cámara ratificó la decisión que el 28 de diciembre pasado firmó la jueza María Servini de Cubría, que había considerado que los fondos formaron parte de operaciones "que no fueron legalmente registradas".

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun advirtieron que correspondía confirmar "como mínimo" el procesamiento por la procedencia ilícita del dinero, pero fueron más allá al recomendar avanzar con la pesquisa.

"Corresponde que la señora juez encamine el proceso a determinar si, dada la función pública que desplegaba Miceli al momento del hecho, la situación patrimonial que implica la tenencia de su parte del dinero en cuestión, puede llegar a merecer un encuadre típico distinto al escogido en el auto en crisis, debiendo transitarse los pasos legales estipulados por la normativa de fondo y de forma a tales fines", dijeron.

De esta manera, la Cámara Federal abrió la puerta a que Miceli pueda quedar involucrada en delitos más graves que los que se le achacaron hasta ahora, entre las que mencionó el lavado de dinero.

Ante esta medida, la agencia DyN intentó conocer la opinión de la ex ministra, pero allegados a la ex funcionaria dijeron que por ahora prefería no hacer declaraciones.

"Se encuentra suficientemente acreditada la materialidad del hecho atribuido a Miceli, toda vez que las circunstancias desarrolladas echan por tierra las explicaciones que brindó sobre el origen de la suma encontrada en su poder el 5 de junio de 2007 y dan cuenta de que la procedencia del dinero estuvo signada por una operación irregular e ilícita cuya existencia cuanto menos sospechó", dijo el fallo al que accedió DyN.

Para los camaristas, esa "maniobra conlleva necesariamente la alteración de constancias contables y de identificación de los clientes, así como de los balances correspondientes, todo ello en franca violación a normas de prevención del lavado de dinero que la imputada, en virtud de su cargo de Ministro de Economía de la Nación, mal pudo haber desconocido".

Todo ocurrió en el anochecer del 5 de junio de 2007, cuando dos policías -el subinspector Patricio Palo y el cabo Carlos Isaías- inspeccionaron el despacho de la ministra y encontraron el placard del baño, de uso exclusivo de la funcionaria, una bolsa de madera con 31.670 dólares y un paquete termosellado con 100.000 pesos, a raíz de lo cual se labró un acta por el hallazgo.

La defensa cuestionó a los inspectores, pero el fallo resaltó que los uniformados de Explosivos de la Policía Federal buscaron quedar "a salvo de cualquier cuestionamiento por faltantes de dinero".

Los camaristas también rechazaron los argumentos de Miceli a la hora de cuestionar el lote de 100 mil pesos termosellado que salió del Banco Central quince días antes de que se encontrara en el baño y fue enviado, por una transportadora de caudales, a la financiera Cuenca.

"Aún cuando (Miceli) ha puesto en tela de juicio que el lote haya efectivamente ingresado a Cuenca en aquella oportunidad ... resulta altamente improbable que el lote haya podido mezclarse o intercambiarse con otro de igual valor destinado a una entidad distinta a Cuenca", dijo el fallo.

Los jueces resaltaron que "la suma sólo pudo haber egresado de la cooperativa en concepto de un efectivo igual o superior a la cantidad señalada. O sea que, en términos llanos, según la documentación contable de la entidad la plata nunca salió de allí. Sin embargo, las pruebas del legajo revelan que ello no refleja la realidad".

"Además, se acreditó que ni Felisa Miceli ni los familiares o allegados que, según su versión, le habrían prestado el dinero, son clientes de la financiera, situación ésta que la propia encartada ha admitido", añadió.

A Miceli también se le achacó haberse querido apropiar de la copia del acta donde contaba el hallazgo del dinero, que -al igual que la plata- habían quedado en manos de la secretaria privada de la ex ministra.

Para la Cámara, "queda claro que la imputada ordenó extraer el instrumento original de su ámbito natural de custodia dentro de la Policía Federal Argentina, desconociéndose cuál fue el destino final que le otorgó. Frente a esta conclusión, las explicaciones que ha brindado para justificar su accionar han quedado desvirtuadas".

Así, se añadió, "surge lógico concluir que la motivación real que guió la conducta de Miceli fue la de eliminar una constancia que -como finalmente ocurrió con su fotocopia certificada- habría de servir de prueba del hallazgo y de la tenencia ilícita de dinero que se le ha reprochado".