Ya hay ley para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal

Por Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados sancionó la ley que regula la implementación progresiva del nuevo sistema de justicia penal de la provincia establecido por la ley 12.734 mediante la cual se promulgó el Código Procesal Penal que establece como principio la oralidad y la publicidad. Es que el cuerpo —con el voto de los bloques oficialistas— aceptó las tres modificaciones introducidas por el Senado a la votación anterior de la Cámara Joven del 26 de junio último. En tanto, las distintas bancadas justicialistas optaron por volver a abstenerse repitiendo en gran parte los fundamentos anteriores. No obstante y a la hora del intercambio de reproches fue Jorge Lagna quien le advirtió que el justicialismo era generoso en allanar el camino para el tratamiento del tema. Antes, Darío Scataglini responsabilizó al Poder Ejecutivo por no haber puesto en marcha el Código el 30 de junio de este año como lo preveía el texto y que obligó a la Corte Suprema de Justicia a dictar una acordada aclaratoria sobre la vigencia del viejo sistema. También admitió que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del llamado “caso Fraticelli” quien conminó a la provincia a cambiar su sistema procesal en la materia penal.

En cambio, desde el oficialismo, los distintos oradores consideraron positivos los tres cambios introducidos por el Senado que votó por unanimidad el proyecto. Cabe recordar que el justicialismo tiene amplia mayoría en la Cámara Alta. “No votamos los cambios del Senado desesperados por sancionar la ley, lo hacemos convencidos de que han mejorado el texto original” aclaró el radical Santiago Mascheroni. “Este texto es la puesta en marcha progresiva del Código Procesal Penal” añadió quien fuera junto a Danilo Kilibarda (PJ) en el período legislativo anterior, autor del proyecto de Código que llegó a transformarse en ley.

Después se ocupó de repasar el significado de los tres cambios: En el artículo 4 que determina la implementación progresiva dentro de 120 días de 12 disposiciones del código; el artículo 6 que insta a que se agote el trámite procesal para que no haya inacción judicial que determine la libertad de detenidos con prisión preventiva por delitos graves y el último artículo que acota a 150 días el plazo para que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura las propuestas de leyes orgánicas de ministerio público de la Acusación, ministerio público de la Defensa, ley de protección a testigos y víctimas, ley de organización de tribunales penales y gestión judicial y una ley de transición. “Los tres cambios apuntan a mejorar la ley”. Sobre el final destacó que la sola figura del querellante incluido en el código justifica el impulso a la norma.

Otras voces

Desde el ARI, Pablo Javkin destacó la enorme cantidad de coincidencias entre diputados y senadores a la hora de establecer este mecanismo. Pero además volvió a subrayar el cambio que significará el nuevo Código. “Esta ley es el primer paso para terminar con la vergüenza que significa el sistema inquisitivo que tenemos en la provincia y que todavía, de forma velada, algunos pretenden sostener”. Al recordar que es una ley de la anterior gestión “es una política de Estado para solucionar la vergüenza del viejo sistema; es derribar barreras”. También el PDP subrayó la importancia del asunto en expresiones de Luis Mauri y de Gabriel Real. El primero destacó que se pasará “de un proceso de actas a otro de actos. Acercar a la gente con el proceso es de por sí importante para cambiar años de un proceso que responde al positivismo vigente siglos pasados”. En cambio Real dijo que hubo que esperar un fallo de la Corte nacional para dejar veinte años de atraso en Santa Fe.

En el medio, el justicialista Mario Lacava reivindicó lo actuado por el Senado “largamente criticado en esta cámara. El Senado obró con dosis de responsabilidad para evitar un caos jurídico”.

El cierre estuvo a cargo del socialista Raúl Lamberto quien aseguró que el Código se implementa a la brevedad y destacó que para ello es necesario la colaboración de los tres poderes del Estado. “Es necesario que el Poder Legislativo trabaje con celeridad para sancionar las leyes necesarias para aplicar el Código; es necesario pensar en la construcción de edificios nuevos porque los actuales del Poder Judicial no sirven para los juicios; es necesario capacitar a los actores del proceso para cambiar pautas. Este cambio cultural se empezará a aplicar en octubre en la provincia”, prometió.