Media sanción para una ley que prohiba exportar el agua dulce

La Cámara de Senadores votó por unanimidad una restricción casi total a la posibilidad de que se exporte agua dulce o ya potabilizada. La norma crea excepciones por razones humanitarias, que deberán pasar filtros del Ejecutivo y el Legislativo para su autorización.

La provincia de Santa Fe podría convertirse en la primera en declarar la prohibición de que sea exportada el agua dulce e incluso el agua ya potabilizada, si prospera en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que el jueves pasado sancionó el Senado santafesino.

Por unanimidad, la Cámara alta votó por una texto normativo que dispone “una prohibición general” para la “exportación o envío al extranjero a título gratuito” de agua dulce o potable y “en cualquiera de sus estados físicos”, según la iniciativa impulsada por Ricardo kaufmann (PJ-Garay).

Fue en el último día de sesiones ordinarias por lo que el tema pasa a la agenda de Diputados para cuando la Legislatura lo reanude, el 1ro de mayo de 2009, o si el Ejecutivo lo incluye en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre.

La norma contiene excepciones: se podrá exportar o enviar gratuitamente agua dulce o agua potable “cuando así lo establecieran tratados suscriptos por la República Argentina en el ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur) o de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con destino a alguno de los países signatarios.

Del mismo modo, la ley propuesta no rechaza la entrega de agua a otros países “cuando existieran razones humanitarias o de emergencia”.

Y aún ante esas razones, la norma crea más condiciones: “el pedido se efectuará ante el Poder Ejecutivo con justificación de la cantidad que se pretenda exportar, los motivos en que se funda y la inexistencia o inocuidad de perjuicios para el Medio Ambiente”.

“Evaluados tales requisitos por el Poder Ejecutivo, y previo estudio de impacto ambiental realizado por la autoridad de aplicación, si considerare viable el pedido remitirá los antecedentes del caso a la Legislatura para que se expida sobre la exportación solicitada”, agrega.

Además, “en todos los casos, los fondos que ingresen al patrimonio provincial por tales exportaciones se destinarán prioritariamente a recomponer el daño ambiental, si existiera, salvo que fuera mínimo y rápidamente recuperable sin intervención humana, en cuyo caso se destinarán a programas u otras acciones tendientes a la conservación del medio ambiente”.

La autoridad de aplicación definida por el proyecto de ley para vigilar la prohibición general será el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Para “prevenir”

El senador Kaufmann calificó a la idea de prohibir que se exporte agua dulce como una medida de “prevención”, tendiente a preservar el ambiente de la posibilidad de que sea convertida al agua dulce en una mercancía exportable.

Subrayó en los fundamentos que “la agenda internacional tiene como tema prioritario el de la escasez del agua, pues ello incide tanto en la producción de alimentos, como en la salud y en la estabilidad política y social”.

Recuerda que el 4to Foro Mundial del Agua realizado en Méjico, en 2006, calificó como “estratégica para la seguridad nacional” al recurso y recomendó “una visión a largo plazo sobre la administración del agua y la necesidad de crear una nueva cultura” sobre su uso responsable.

“Es muy probable que el agua potable empiece a convertirse en una gran mercancía regional e ínter regional, que se produzca y negocio en volúmenes impensables hoy”, dice en los considerandos el senador del departamento Garay.

Agrega que “en este contexto el acceso al agua dulce, derecho humano básico, debe ser preservado y simultáneamente deben tomarse medidas que protejan al ambiente. Por ello es imperioso que tal como lo han resuelto países como Puerto Rico y Canadá, se sancione una ley que prohiba a nivel nacional la exportación de agua potable o dulce”.