Muerte digna

En cuanto votar por una ley sobre muerte digna, es evidentemente otro tema que despierta legítimamente el interés periodístico y de la comunidad pero que, por sus características, involucra definiciones axiológicas que no pueden dejar de ser atendidas.

¿De qué se habla cuándo se habla de dignidad en la muerte? (Lo que puede parecer evidente en casos puntuales, es no obstante muy difícil de llevar a una legislación concreta de alcance general).

¿Quién establece cuál es el estándar de dignidad? (Desde ya que se descuenta que en el caso de una muerte asistida, se estaría respetando la voluntad de la persona a la que se asiste. Pero quién está en condiciones de tomar esa clase de decisión?).

Y, se insiste, cuál es el umbral de los valores en el que claramente se pueda determinar la dignidad o no en la continuidad de la vida, en determinadas situaciones de muerte inevitable y segura?

Creo que este tema, por el momento, debe ser seguido con atención y profundizado en sus evaluaciones a nivel científico y de estudio de la legislación comparada, pero no ser materia de debate, al menos en el corto plazo, en el ámbito del Congreso de la Nación.

Quienes deben actuar son los Comités de Bioética de los hospitales públicos y privados los cuales, más allá de una ley, pueden y deben analizar en cada caso particular la forma en enfrentar los difíciles casos de deterioro humano que la medicina considera irreversibles. Es una valorable y delicada tarea que debe hacerse con los grupos familiares y con el entorno afectivo de la persona directamente involucrada cuya opinión debe ante todo pesar sin caerse en una taxonomía abstracta de qué hay que hacer en cada caso lo que, a mi juicio, es muy difícil de definir apriorísticamente.

En síntesis, en el actual estado de debate público, creo conveniente posponer la aprobación en lo inmediato de un proyecto de ley específico vinculado con lo que se denomina “la muerte digna” (quizás habría que hablar, en rigor, de “muerte asistida”). En cambio, a nivel de debate científico y social, este tema debe ser encarado con toda delicadeza y profundidad, y bien podría ser conducido el debate desde el ámbito parlamentario. Pero, en cualquier caso, frente a las dolorosísimas situaciones concretas que se presentan, la ley que en su momento se dicte debe tener en consideración que quienes tienen la última palabra son, la propia persona que pide asistencia para morir, su grupo familiar, su entorno social y afectivo, y los Comités de Bioética (compuesto por profesionales y asesores espirituales y éticos) frente a situaciones que de por sí merecen todo el respeto en el marco de la intimidad por lo que, un eventual régimen normativo, no debe irrumpir en situaciones que, desde el punto de vista humano, son dramáticas y extremas.