Una ONG le pidió a la Justicia que decomise 466 millones de dólares a 16 funcionarios del entonces gobierno de Carlos Menem, entre ellos los ex ministros Domingo Cavallo (Economía) y Oscar Camilión (Defensa) y la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray, supuestamente percibidos mediante el cobro de sobresueldos en su gestión, informaron hoy fuentes judiciales.
El pedido fue efectuado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). La organización requirió la incautación del “dinero mal habido que fuera recibido en concepto de los denominados sobresueldos” y los bienes que hayan sido adquiridos con esos fondos.
Martínez de Giorgi investiga el supuesto pago de sobresueldos entre los años 1991 y 1999, en los que Menem fue presidente de la Nación en dos períodos.
La ONG pidió que se decomisen los bienes de Cavallo, de Alsogaray, de Camilión (este último actualmente juzgado por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador), del ex jefe de Gabinete y ex ministro de Educación Jorge Rodríguez y de los ex ministros de Justicia Raúl Granillo Ocampo y Elías Jassan.
La lista se completa con Rodolfo Aiello, Ricardo Cossio, Eduardo Bauzá, Adelina Dalessio de Viola, Carlos Bastos, Augusto Rodríguez Larreta, Mabel Behal, Alberto Carballo, Jorge Pereyra de Olázabal y Santiago Lozano. El pedido del Cipce se basó en las declaraciones de los propios imputados, varios de los cuales reconocieron el cobro de sobresueldos.
“La existencia del pago de sobresueldos quedó más que probada a través de distintos testimonios de los mismos funcionarios que oportunamente fueron beneficiarios directos de los mismos”, sostuvo la ONG en el escrito al que accedió DyN.
El caso de María Julia
Alsogaray reconoció que cobraba en efectivo, a través de la Secretaría General de Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, entre 30 mil y 40 mil pesos por mes, cifra que luego se redujo a entre 20 y 22 mil y que también distribuía entre los funcionarios de su área.
La también ex interventora de Entel y Somisa sostuvo que Cavallo pidió en una reunión de Gabinete que ese dinero sea incorporado a las declaraciones juradas ante la Dirección General Impositiva.
“De esta manera queda probada la existencia de dichos pagos, que no hicieron más que incrementar el patrimonio de estas personas de manera ilícita a costa del Estado”, sostuvo el Cipce. La ONG ya había pedido que se decomisen los bienes de Alsogaray por un total de 2,5 millones de pesos luego de que la Corte Suprema dejó firme el fallo que la condenó a tres años y medio de prisión y a devolver 622 mil pesos y 500 mil dólares por enriquecimiento ilícito.
La condena fue dictada en mayo de 2004 por el Tribunal Oral Federal 4, que intimó a Alsogaray a devolver el dinero, pero la ex funcionaria dijo que era insolvente, por lo que el Cipce pidió que sus bienes sean rematados. La entidad expuso ante el juez Martínez de Giorgi que “los llamados sobresueldos fueron una de las fuentes de enriquecimiento ilícito de la que se valió María Julia Alsogaray” y pidió que el dinero decomisado sea invertido en obras de bien público.
“Habiéndose comprobado que los sobresueldos fueron una fuente utilizada sistemáticamente por ex funcionarios públicos para enriquecerse ilícitamente a costa del erario público, es inaudito que esas sumas sigan encontrándose en el patrimonio de estos ex funcionarios beneficiados”, concluyó la ONG.
DyN
Piden decomisar U$S 460 millones a ex funcionarios menemistas
El pedido fue realizado ante la justicia federal por una ONG y se direcciona principalmente a Cavallo, Camilión y Alzogaray.
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