Ignacio Hintermeister
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Mientras el gobierno nacional se justifica en fundamentos de democratización y federalización, de producción y difusión regional de contenidos y de accesos universales a la comunicación, el escenario se evidencia con síntomas divergentes con el discurso oficial.
La televisión digital pública está presente sólo en 19 ciudades del país y con señales centralizadas desde capital, muchas de ellas administradas por empresas privadas allegadas al gobierno.
Mientras la Ley de Medios se entretiene con tecnologías casi obsoletas, la carrera de la “conectividad” sugiere que el mundo va hacia conexiones inalámbricas y receptores portátiles (PC’s, tablets, celulares multimedia) en los que “convergen” señales de TV o radio, contenidos de Internet (desde juegos hasta libros), operaciones comerciales y de crédito o comunicaciones entre particulares.
El Estado es el dueño y licenciatario del espectro en el que se manejan esas señales. Las prestadoras de la telefonía celular son los ineludibles actores corporativos de este negocio que es herramienta de un inmenso poder, que en la Argentina no tiene más límite que el de la negociación a puertas cerradas, en el despacho del Julio de Vido.
Comunicación y democracia
El poder en un despacho
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