En los últimos días, los concejales Alejandra Obeid, Luciano Leiva y Héctor Acuña manifestaron su preocupación respecto de algunos aspectos del funcionamiento del estacionamiento medido.
Alejandra Obeid -Santa Fe Federal- fue severa: “Con la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido, nuevamente el Intendente Mario Barletta trasunta la delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad”.
“La ordenanza 11.394, sancionada en 2007 por la que se creó el sistema, establece que cualquier modificación que se pretenda en las tarifas o en la zona donde se presta el servicio, deberá ser formulada por el Ejecutivo ad-referendum del Concejo”, recordó Obeid en un comunicado. En el mismo sentido aclara: “Jurídicamente cualquier tipo de norma o gestión legislativa como la que nos ocupa, hasta tanto no cuente con la aprobación del órgano legislativo no puede ser ejecutada, llevada a la práctica ni aplicarse”.
Por eso, para Obeid, si bien este mes ingresó al Concejo el Mensaje nº 16 que contiene la norma, “el municipio desde el lunes 15 de este mes en que pone en ejecución el nuevo sistema, abusa de sus facultades y traspasa los límites de la legalidad”.
Por su parte, Luciano Leiva -Frente para la Victoria- se dirigió al intendente mediante una nota donde plantea inquietudes sobre la exigencia de registro que el sistema demanda para cada automóvil y por consiguiente, la posibilidad de obtención de los datos de su propietario.
“El destino y posibilidad de acceso a la base de datos genera un potencial riesgo si se llegara a manipular de forma indebida esa información que es estrictamente personal”, afirma Leiva.
El edil planteó la necesidad de que el Ejecutivo informe si se tomaron medidas que permitan resguardar la seguridad y confidencialidad de la información o, de lo contrario, que se haga en forma urgente.
Héctor Acuña -100% Santafesino- solicita la firma de un convenio con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica local para que se provea a los turistas de las obleas, tarjetas o otra forma para que no deban realizar el trámite de obtención de la tarjeta de estacionamiento.
Finalmente, requirió la suspensión del sistema de estacionamiento medido por 90 días o hasta que el Ejecutivo realice una evaluación técnica y económica que permita: implementar una tarjeta universal, sin necesidad de carga del dominio del vehículo; impresión de un comprobante del uso del servicio para el usuario; eliminación del sobreprecio por la rotación a menos de 200 metros del espacio ocupado anteriormente o dentro del radio.
También solicitó la habilitación de “equipos volantes de venta de tarjetas en zonas de sanatorios, hospitales y dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales”.
Preocupación por parte de los Concejales de la oposición
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