La presidenta argentina Cristina Kirchner anunció este martes que girará al Congreso un proyecto de ley para estatizar el sistema de jubilaciones privadas, amenazado de quiebra, en una reforma que le puede permitir al Estado captar fondos por 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares).
"Estamos adoptando esta decisión en un contexto internacional donde los principales países del G-8 (potencias) y otros están solicitando una política de protección hacia bancos. Nosotros protegemos a nuestros jubilados y trabajadores", dijo Kirchner en un acto de presentación de la reforma.
La drástica medida del Gobierno fue adoptada en reacción a las duras pérdidas sufridas por las 10 compañías del sector, a raíz del derrumbe de los bonos y acciones por la crisis financiera mundial, señaló una fuente oficial que solicitó el anonimato.
Pero la primera reacción ante la noticia fue este martes una fuerte caída de 10,99% en la Bolsa, mientras que la cámara que agrupa a los 10 fondos de pensión del mercado defendió el sistema vigente con el argumento de que los ahorros acumulados arrojan un 13,9% de rentabilidad positiva promedio.
"Estamos viendo en el mundo políticas de saqueo. Es obvio el contexto internacional y nacional en que se adopta esta decisión estructural. Tan estructural como la que se tomó en 1994 (privatización jubilatoria) con el neoliberalismo, cuando el repliegue del Estado era total", dijo Kirchner.
De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.
La reforma, había indicado la fuente, le permitirá al Gobierno captar un flujo de dinero anual de unos 4.600 millones de dólares de los aportantes efectivos, unos 3,6 millones de los 9,5 millones de trabajadores anotados en las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).
Amado Bodou, responsable del área previsional del Gobierno, justificó la reforma en su discurso al afirmar que "de los 450.000 trabajadores que están en el régimen de capitalización, casi la mitad recibe parte de su jubilación del Estado y unos 33.000 tienen totalmente agotados los fondos".
Unos 5,9 millones de afiliados al sistema privado no cumplen las contribuciones jubilatorias por evasión de las empresas o de los trabajadores autónomos, según estadísticas oficiales.
Las AFJP administran inversiones en pesos equivalentes a unos 30.000 millones de dólares y reciben anualmente un flujo de fondos de unos 4.600 millones de dólares anuales, pero el grueso de sus inversiones deben ser conservadoras, con mayoría de carteras en bonos del Estado.
Además, la caja estatal se nutrirá anualmente con unos 15.000 millones de pesos (4.630 millones de dólares) que los trabajadores aportan actualmente al sistema privado.
La Anses también se hará cargo del pago a las 445.514 personas que cobran su retiro a través del sistema privado y que en un 77 por ciento no alcanzan a la jubilación mínima, que es de 689 pesos (212,6 dólares) mensuales, por debajo de la cesta básica de alimentos y servicios que marca la línea de pobreza y que el mes pasado fue de 970 pesos (300 dólares).
La oposición liberal y derechista denunciaba el martes que la iniciativa es una maniobra del Gobierno para capturar fondos frente a los fuertes vencimientos de la deuda por 20.000 millones de dólares que tiene en 2009.
El proyecto cuenta con el respaldo de la central obrera CGT, en tanto la Unión Cívica Radical, principal fuerza parlamentaria opositora, recordó el martes que siempre se opuso al sistema de jubilación privada pero alertó un probable intento del Gobierno de capturar fondos para pagar deudas.
"Nadie más que el Estado puede garantizar la jubilación de los trabajadores. No nos equivocamos cuando calificamos la jubilación privada como una de las grandes estafas al pueblo argentino", dijo el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Un 53% de los trabajadores activos pertenecen a alguna de las AFJP, que serán eliminadas si prospera la iniciativa.
Las fuerzas progubernamentales dominan ambas cámaras del Parlamento, pero en algunos casos han sido derrotadas, como al impulsar este año un aumento de impuestos a las exportaciones agrícolas, tras una huelga de 128 días llevada adelante por las patronales de agricultores.
El gobierno recuperará asimismo bonos del Estado cuyos precios se desplomaron y, por lo tanto dan rendimientos astronómicos, luego de desatarse la crisis financiera mundial.
Una derivación judicial del caso fue la denuncia este martes del fiscal federal Guillermo Marijuan contra las AFJP por presunta administración fraudulenta, a raíz de la liquidación el lunes de bonos del Estado.
El economista liberal y ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel opinó que la reestatización "tiene su efecto positivo porque habrá mas fondos para pagar deuda y evitar un ’default’", pero advirtió que "lo más preocupante es que se cambien las reglas de juego entre gallos y medianoche".
Empresas afectadas
Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA) son las principales firmas afectadas, ya que entre las tres acaparan el 47 por ciento de las afiliaciones al régimen de capitalización.
También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas de Argentina (Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge); Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del estatal Banco Nación de Argentina.
El anuncio oficial ha puesto en alerta a los 11.000 empleados del sector, cuyos representantes sindicales indicaron que reclamarán al Gobierno por la “violencia” de la reforma y el golpe de muerte a su fuente laboral, pese al apoyo de las centrales gremiales a la iniciativa del Ejecutivo.
Boudou garantizó que esos trabajadores serán incorporados a la Anses.
La reacción también fue adversa en los mercados, con caídas generalizadas en la Bolsa de Buenos Aires y particularmente notables para los papeles del sector bancarios -con retrocesos de hasta el 21%- y pérdidas también para los bonos públicos argentinos (-7%).
AFP / EFE




