Precisamente, el matutino porteño informa que la resolución se adoptó por mayoría, con la sola oposición de los representantes de los jueces. "Una decisión en sentido opuesto -dijeron los consejeros- implicaría la contradicción de considerar reservado lo que ha sido ideado y configurado normativamente para su publicidad''.
El diario también consigna que la apertura de sobres con las declaraciones se hará la semana próxima ante los magistrados incluidos en el pedido.
La ley de Ética Pública, sancionada en 1999, establece que todos los funcionarios deben presentar sus declaraciones juradas y que "en cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia'' de ellas, siempre que no les dé un uso ilegal. La norma se aplica sin inconvenientes en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, pero no así en la Justicia.
"La ley N° 25.188 hace extensivos los deberes previstos en ella a todas las personas que se desempeñen en la función pública, sin excepción, y lo extiende expresamente a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado'', sostiene la decisión adoptada ayer.
La resolución de ayer destaca, además, que para preservar los "datos sensibles'', las declaraciones tienen una parte pública y otra reservada, a la que no se puede acceder libremente.
Según lo informa La Nación, los consejeros afirmaron que "la denegatoria de exhibición de la información patrimonial del anexo público resulta violatoria del acceso a la información como ejercicio del control ciudadano, establecido como objetivo por la ley N° 25.188''.
Votaron por abrir las declaraciones juradas el radical Federico Storani; el académico Mariano Candioti; el abogado y presidente del Consejo, Pablo Mosca, y los kirchneristas Diana Conti, Nicolás Fernández, María Laura Leguizamón y Marcela Losardo. Se opusieron los jueces Luis María Cabral y Miguel Ángel Gálvez.
Amplio alcance para la Ley de Ética Pública
Serán públicas las declaraciones juradas de los magistrados
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