Como en todo año electoral, la publicidad política partidaria forma parte de la discusión entre quienes, con pocos recursos reclaman una "campaña limpia", y aquellos que se disponen a despilfarrar papel afiche por doquier. Ante tal situación, el subsecretario de Control y Abastecimiento de la Municipalidad, Norberto Berlanga, fue consultado acerca de cuáles son los límites de la publicidad en la vía pública, tanto para los adversarios políticos como para el oficialismo.
"El intendente Martín Balbarrey nos dio la orden de que tomemos todas las medidas necesarias para controlar la campaña", declaró Berlanga, quien reconoció que se trata de "una actividad muy difícil, porque hay excesiva publicidad política".
La declaración se dio en un contexto muy particular. Una semana antes el Concejo municipal había sancionado una resolución del radicalismo, solicitando que se haga cumplir el Código de Publicidad -vigente desde hace 5 años- y se proceda al retiro de carteles que estén fuera de la ley.
Días más tarde, otra fracción del radicalismo presentaba un pedido de informes al cuerpo legislativo, para que se investigue por qué, en una de las camionetas de la Subsecretaría de Control, se habían retirado carteles de su candidato a intendente, y acusó al municipio de haber iniciado una "campaña sucia"
La explicación
La discusión pasa por la cartelería fija con publicidad estática, que es la que se fija en vallados de obras en construcción, o se utiliza para cerrar terrenos baldíos. En todos los casos, "son los propietarios de los inmuebles los que autorizan a las empresas a colocar vallados de obra, a cambio de permitirles publicitar en los cercos".
La diferencia está en que el vallado es obligatorio en toda obra, mientras que la publicidad tiene algunas restricciones en determinados sectores de la ciudad, especialmente en accesos y avenidas.
"El tema a dilucidar, y que genera encontronazos permanentes entre la Subsecretaría de Control y la de Edificaciones Privadas, es la prohibición de los carteles y no de los vallados de obra. Entonces se puede ordenar la multa pero no que se saque el vallado", tal como ocurre frente al club Regatas, en la obra de Assa.
En ese sentido, el subsecretario de Control confirmó que se está evaluando la posibilidad "de enviar un mensaje al Concejo para modificar la ordenanza. Para eso está trabajando una comisión de cartelería que integran distintas áreas de las secretarías de Planeamiento Urbano, Edificaciones Privadas y Control".
Gigantografía
Con respecto a las críticas de los concejales opositores (Ver Lo resolvió...), acerca a la gigantografía de Rafael Bielsa, en la esquina de Santiago del Estero y Rivadavia, el funcionario de Control dijo que en ese caso, "el panel cuenta con una autorización judicial, porque es un inmueble perteneciente a una persona declarada en quiebra, y la empresa -ex Parrilla Rivadavia- tramitó el otorgamiento de la autorización ante el síndico y el juzgado, para colocarlo".
A su vez, Berlanga dio a conocer que en el último medio año "no sólo se han hecho actas de infracción a las empresas encargadas de colocar los carteles, sino a las beneficiarias de la publicidad, así como a dueños de inmueble, porque son los tres solidariamente responsables en caso de incumplimiento".
Tres empresas
En cuanto a las empresas encargadas del paquete publicitario callejero de la ciudad, Berlanga nombró a tres "muy conocidas", que son Cerco, Acuarela y GByA.
A propósito de los controles dijo que "las tres tienen una innumerable cantidad de actas de infracción en su contra. En un período de 6 meses llegamos al centenar de faltas confeccionadas por este motivo. No sólo a las tres empresas, sino a los que son solidariamente responsables", recalcó.
También recomendó a los que invierten en publicidad "pedirle a las agencias que acrediten los permisos municipales correspondientes para poder desarrollar la actividad", ya que hay comercios que "están pagando importantes cifras de dinero en marketing, y recibir sanciones administrativas por incumplimiento no es la mejor imagen".
Por otra parte, relató que en casos extremos, y "tras las intimaciones, hemos llegado al decomiso de cartelería en la vía pública. Hemos retirado los carteles, no sólo comerciales, sino también de publicidades políticas, que si bien están exentas en el pago del canon por el derecho de publicidad, sí tienen que contar con el permiso del titular del inmueble y además gestionarlo ante Control y Abastecimiento".
En esos casos, la referencia vale tanto para carteles fijos, "como para pasacalles y otro tipo de propaganda, de todos los partidos políticos, incluso los de turno".
Resultados
Según lo expuesto por el funcionario, la Municipalidad no recaudaba nada en concepto de publicidad en la gestión anterior, lo que se transformó en un logro importante para la actual, ya que los ingresos son actualmente de unos 15 mil pesos por mes, "únicamente por publicidad en cartelería fija que pagan estas tres empresas".
Los pasos administrativos que solicita el municipio al momento de ejercer los controles cuentan con tres requisitos fundamentales: "contar con el permiso del titular del inmueble; pagar el importe del canon, detallado en el Código de Publicidad; y colocar la publicidad sólo en sitios habilitados".
Con respecto al segundo punto, Berlanga contó que generó "una acción judicial por parte de una de las empresas de publicidad", que considera abusivo el importe determinado en el Código. El expediente "está en trámite en la Cámara Contencioso Administrativo, pero viene con resolución favorable al municipio".
En definitiva, desde el Ejecutivo "esperamos que los candidatos del propio partido como los del resto, escuchen este mensaje que beneficia a la ciudad en general. En caso contrario, como mínimo, que cumplan con los requisitos administrativos para colocar carteles".
Lo resolvió el Concejo
La resolución N° 11.864 del Concejo Municipal, del 12 de abril pasado, dispone en su artículo primero que el Ejecutivo "proceda a ordenar el desmantelamiento de las carteleras publicitarias montadas en la ciudad y que no se hallen ajustadas a los términos de la Ordenanza Nº 10.814 (Código de Publicidad)".
En los fundamentos de la resolución la sanción marca la necesidad de "ordenar el asunto referido a la instalación de carteleras publicitarias en la vía pública".
El concejal Leonardo Simoniello, del bloque UCR-Encuentro, fue el impulsor de la resolución y contó con la unanimidad del cuerpo en la votación.
En cuanto a sus argumentos, el edil sostuvo que "desde hace muchos años existe una manipulación espúrea de lo que representa este tipo de publicidad", y citó lugares impropios para colocar carteles, como el de "la ochava de calle Santiago del Estero y avenida Rivadavia".
La norma, vigente desde hace 5 años, prohíbe taxativamente en su artículo 3°, la colocación de carteleras en avenidas como Almirante Brown, Siete Jefes, 27 de Febrero, así como también con vista al Puente Oroño.
Por último el concejal reclamó la "responsabilidad concomitante y solidaria" entre quien instala la cartelera y los anunciantes, las agencias de publicidad y al propietario del inmueble en que se haya colocado".
"Campaña sucia"
El bloque de concejales del radicalismo presentó un pedido de informes para pedir explicaciones por el retiro de carteles de un precandidato a intendente de su partido, en un sitio autorizado.
Entre los reclamos más importantes destacan las tareas llevadas a cabo por personal que se conducía en una camioneta que utiliza la Subsecretaría de Control, marca Mitsubishi, color rojo, patente SZO 219, que habría estado "despegando afiches de propaganda de la oposición política, en cartelería de obra ubicada en diversos puntos de la ciudad".
Ante ese hecho se asentó una denuncia policial en la Seccional 1ª.
También buscan conocer si la orden provino del subsecretario de Control, Norberto Berlanga, o si este "recibió órdenes de la superioridad al respecto".
La oposición habla de una "campaña política sucia", dado que aseguran que sus afiches "fueron contratados con empresas de publicidad habilitadas legalmente".






