La línea de crédito Procrear Compra de Terreno y Construcción establece como condición que se deben construir los modelos de casas propuestos. El fundamento de esta directiva es que “permite ahorrar tiempo y costos en la realización de la obra”. Allí también se establece que “el profesional que hayas elegido para realizar la obra debe adaptarlo a los requerimientos del municipio y firmarlo”, razón que encendió el debate de los profesionales del rubro.
El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu) de la Universidad Nacional del Litoral, Arq. Miguel Irigoyen, explicó que los honorarios profesionales de una obra “usualmente son el proyecto, el cálculo estructural -tiene que haber un profesional que se haga cargo de la estructura-, los trámites ante los organismos competentes -fundamentalmente municipios y comunas para obtener los permisos y que se ajusten a las reglamentaciones vigentes- y la dirección de la obra. “Todos son rubros importantes, me parece un error conceptual hablar de ‘ahorro’ en estos aspectos. Lo correcto sería ampliar el límite del crédito para que estén incluidos los honorarios profesionales que correspondan. Después de todo, no estamos hablando de tanto dinero: en el total de una obra, la incidencia del proyecto no es determinante”.
Estas afirmaciones son respaldadas por el análisis de presupuesto realizado por el Arq. Carlos Barducco. De acuerdo al cálculo efectuado a través de una simulación de liquidación de honorarios y aportes realizada a través del sistema que el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (CAPSF) posee para este fin, “el impacto que los honorarios profesionales tienen en el presupuesto de cada uno representa entre un 1,3 y 1,8% aproximadamente del respectivo valor de obra”. Si bien estos guarismos son mínimos y referenciales, “permiten cuantificar de todos modos cuál es costo profesional en este tipo de emprendimientos”.
El Arq. Marcelo Molina, presidente del Distrito I del CAPSF, se expresó en la misma línea que sus pares. “La firma del arquitecto supone asumir la responsabilidad de una tarea ejecutada”. En su opinión, lo que debería existir “es la firma de una repartición o de un responsable del área pública que deje constancia que son prototipos elaborados por los equipos técnicos del banco, de la dirección de vivienda o del ministerio, según el caso; pero que resulten idóneos. Con el sello correspondiente de la repartición, el Colegio de Arquitectos podría habilitar que el profesional que ingrese, lo haga para el tramo de dirección de obra. De otra manera -como se realiza actualmente-, el profesional se hace responsable por un proyecto que no realizó”.
Los reparos de los arquitectos
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