José Curiotto
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La situación generada por la violencia en la ciudad de Santa Fe arroja consecuencias que exceden lo meramente operativo en materia de seguridad y que comienzan a repercutir en el plano político.
Es probable que nadie lo reconozca públicamente. Sin embargo, resulta evidente que durante este fin de semana -en el que se produjeron seis homicidios en apenas 30 horas- el intendente José Corral decidió adoptar una postura más activa frente a la insostenible situación.
Como primera medida, solicitó formalmente una audiencia al gobernador Antonio Bonfatti. Pero eso no fue todo, ya que también resolvió convocar de urgencia al Consejo de Seguridad, a pesar de que se trató de un día feriado.
Dicha convocatoria obligó a distintos actores a hacerse presentes en el convulsionado escenario de las últimas horas. Allí estuvieron representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia, de la Policía, del Ministerio Público de la Acusación y del Concejo Municipal.
Es evidente que la situación comienza a tornarse insostenible e incómoda para todos, sobre todo por las vidas inocentes que están en riesgo: en lo que va del año, 61 chicos baleados fueron atendidos en el Hospital de Niños.
Aunque se trate de un problema cuya solución implica un trabajo integral de mediano y largo plazo, se hace imprescindible tomar medidas urgentes frente a la emergencia.
La decisión política que parece haber adoptado Corral pasa por transformarse en vocero del reclamo de los habitantes de su ciudad.
Esta nueva situación puede generar encontronazos políticos dentro del Frente Progresista, ya que la Seguridad constituye un área cuya responsabilidad general recae en el Estado provincial, en manos del socialismo.
El municipio instaló el sistema de cámaras, entregó botones de alerta y organizó la Guardia de Seguridad Institucional -no portan armas-. No es mucho más lo que tiene a su alcance como para hacer frente al problema
Al solicitar públicamente la presencia de Gendarmería en la ciudad de Santa Fe, el intendente Corral está planteando la incapacidad de las fuerzas provinciales como para frenar esta ola de crímenes. Pero eso no fue todo. Además, se quejó públicamente porque la Policía de Acción Táctica todavía no cuenta con chalecos antibalas y porque, desde enero, se espera un destacamento en el barrio de Alto Verde.
Análisis
Repercusiones políticas
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