Las retenciones deberán discutirse ante la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia se metió por primera vez en la puja por las retenciones, al aceptar un planteo de la provincia de San Luis contra el Estado Nacional, en una demanda que incluye la objeción a esa polémica medida pero también contiene un reclamo para que se declaren inconstitucionales todos los derechos de exportación impuestos desde 2002 y las leyes de emergencia económica.

El planteo de la provincia puntana, un caso testigo que excede la problemática inicial del agro, se convirtió en otro punto a debatir judicialmente por parte del gobierno nacional, que ya estaba trabajando en la apelación al fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de las últimas medidas del ex ministro de Economía, Martín Lousteau.

El gobierno, a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió que la presidenta Cristina Kirchner “le puso punto final” a las polémicas medidas con su discurso, en el que detalló el destino de ese dinero a recaudar. Y, al defender la legitimidad de las resoluciones dictadas en marzo, Fernández aclaró que, tras el fallo adverso de la jueza Liliana Heiland, el caso será llevado a Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para que defina la validez constitucional de esas medidas impositivas.

Otras causas

Mientras tanto, otras dos causas que derivan de ese escenario se activaron en los Tribunales. Un fiscal pidió la indagatoria del piquetero oficialista Luis D’Elía por golpear a un manifestante, y se sumó al interrogatorio al que quiere someterlo otro representante de la Fiscalía como sospechoso de intimidación pública, por haber intentado “recuperar” la Plaza de Mayo, en la noche en que nacieron los cacerolazos contra el kirchnerismo.

En tanto, desde el otro lado, Hebe de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, exigió la detención de los dirigentes agrarios que protestan por las retenciones, en el marco de una denuncia judicial en la que los acusó de armar una “asociación ilícita” que “incita a la violencia” y “utiliza perversos métodos terroristas”.

En la acusación contra Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli (Federación Agraria), Fernando Gioino (Coninagro), Mario Llambías (CRA) y Luciano Miguens (SRA), Bonafini sostuvo que “la intención de estos delincuentes, mal llamados dirigentes ruralistas, es producir un sentimiento golpista y fomentar la anarquía y la confrontación” para “desestabilizar al gobierno”.

En la Corte

Mientras el juez federal Claudio Bonadío analiza el planteo de Bonafini -y sus colegas del fuero ordinario definen si ordenarán la indagatoria de D’Elía-, la Corte Suprema se introdujo por primera vez en el tema de las retenciones, luego de que diez días antes hubiera rechazado un amparo de un particular, por entender que no mostraba el perjuicio directo que le imponía ese derecho de exportación.

Ahora, la provincia de San Luis -gobernada por el antikirchnerista Alberto Rodríguez Saá- logró el aval de la Corte para comenzar a analizar con el gobierno las retenciones móviles en los próximos 60 días. El 25 de abril, San Luis solicitó que se declare la inconstitucionalidad de todos los Derechos de Exportación (DE) que hayan sido establecidos por el Estado Nacional a partir del 1º de enero de 2002, así como también de las leyes de prórroga de la emergencia económica.

También se pidió que se condene al Estado Nacional a pagar a esa provincia por la pérdida sufrida en los ingresos por coparticipación tributaria, causada “por la inconstitucional conducta del Estado Nacional, al fijar los derechos de exportación cuestionados”, según la denuncia.

“Se demanda así la diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese debido percibir de no mediar aquellos derechos de exportación inconstitucionales”, indicaba la presentación judicial.

Uso abusivo

San Luis advirtió que el mecanismo de las retenciones “tiene por efecto congelar, a futuro, los ingresos de los productores agropecuarios y exportadores, transfiriendo al Estado la mayor renta que pudieran obtener con motivo de las eventuales subas en la cotización internacional de esos granos”.

Para San Luis “el uso abusivo de recursos impositivos provoca efectos absolutamente distorsivos de la economía y de la política nacional: desalientan a los sectores productivos más dinámicos del país, empobrecen a las provincias, debilitan el federalismo, imponen el unitarismo fiscal, favorecen la utilización arbitraria de ingentes recursos por parte de las autoridades nacionales, incentivando el clientelismo político, el condicionamiento de las autoridades provinciales, su sujeción al poder central, la corrupción del régimen representativo democrático”.

Ahora, el Alto Tribunal emplazó al gobierno a contestar la presentación en dos meses como máximo. La Corte “aceptó su competencia originaria” en la demanda presentada por Rodríguez Saá y le corrió traslado al gobierno nacional, “para que comparezca al juicio y dé su contestación en el plazo de 60 días”, se indicó oficialmente en Tribunales.