La dirigencia ruralista insistió hoy con su pedido de suspender transitoriamente la aplicación de la resolución 125 (modificada por la 64) que establece las retenciones móviles, en tanto desde el Justicialismo cordobés se reclamó directamente la rebaja de los derechos de exportación.
A los habituales reclamos del ruralismo, la oposición y los justicialistas que no comparten la política agropecuaria oficial, se sumó el pedido del intendente del partido bonaerense de General Villegas, Gilberto Alegre, del Frente para la Victoria, que le propuso a los diputados en una carta la ‘suspensión‘ de la votación y la convocatoria a una consulta popular.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Míguens, dijo sentirse ‘desconcertado‘ por las marchas y contramarchas en el Congreso en el tratamiento del proyecto que establece el esquema de retenciones móviles para las exportaciones agropecuarias, y pidió ‘la suspensión‘ del cobro de esa alícuota para tomar una decisión de fondo.
Míguens consideró que la postura del kirchnerismo parlamentario, de mantener los dos primeros artículos de la resolución 125 -que dio origen a las retenciones móviles- ‘no va a superar el conflicto‘ y ‘crea malestar‘, aunque rescató lo ‘positivo‘ de que la polémica norma se haya sometido a la consideración del Poder Legislativo.
Si bien consideró que ‘ha sido positivo el hecho de que esto haya ido al Parlamento‘, indicó que ‘compensar a 80 por ciento de los productores tampoco corresponde‘.
El presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, dijo que le preocupa que se retrase en el Congreso la definición de un proyecto para resolver el conflicto agrario, porque ello, según advirtió, pondrá ‘más caliente la situación‘.
De Angeli abogó para que se llegue a un consenso ‘lo antes posible‘ Insistió en que ‘llevamos 120 días de conflicto y no se puede resolver todo en 48 horas‘, por lo que reiteró su pedido para que el gobiernio suspenda la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones de granos, que dispuso en marzo último.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que lo que ‘está en juego es si todas las retenciones son válidas‘, al recordar que es el Legislativo el poder con atribuciones para fijar impuestos, y pidió la ‘suspensión por noventa días‘ de su aplicación para darle ‘un manto de constitucionalidad‘ a la medida.
‘La mejor salida es darle cobertura constitucional y sentido jurídico a una resolución viciada de constitucionalidad y (esta situación) es tan grave que las retenciones pueden caer, y puede ser que el Estado tenga que restituir miles de millones de dólares‘ ya cobrados, alertó Carrió.
El diputado cordobés justicialista Arturo Heredia se pronunció por la necesidad de ‘bajar las retenciones, con un golpe fuerte para los (productores) de más abajo‘, y estimó que hasta el momento el kirchnerismo ‘no reúne el número‘ que necesita para ratificar la resolución 125, como lo reclama el Gobierno.
El legislador atribuyó el ‘abrupto‘ pase a cuarto intermedio dispuesto ayer a que no sólo falta número de votos del oficialismo, sino además porque ‘se fueron a la Casa Rosada a hablar con Néstor o Cristina Kirchner para arreglar la manera de dar otro maquillaje a la resolución‘.
Por último, Alegre admitió que el conflicto con el campo ‘ha perjudicado la imagen del oficialismo‘ y en un carta remitida a los legisladores nacionales les solicitó que ‘se suspenda la votación y se convoque a una consulta popular donde sea la sociedad en su conjunto quien brinde transparencia a nuestra Democracia‘.
En la misiva, el jefe comunal del distrito del oeste de la provincia explica que ‘la situación de todos los intendentes peronistas del interior bonaerense, más allá de la opinión que cada uno pueda tener respecto a esta cuestión, se transformó en una seria complicación de la vida cotidiana‘.
Ruralistas y Carrió insisten con suspender la 125
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