La delegación argentina en la Comisión Binacional, que fracasó esta semana en su intento por llegar a un informe conjunto sobre el impacto ambiental de las papeleras, concluyó hoy que el país vecino "vulneró las obligaciones" del Estatuto del Río Uruguay al "autorizar unilateralmente" las plantas de celulosa. Esa declaración se desprende del informe de la delegación argentina ante el Grupo Técnico de Alto Nivel, publicado hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual la representación sostiene que "las empresas que proponen los proyectos no cumplieron con los recaudos jurídicamente requeridos en sus países de origen en los casos de proyectos que puede tener efectos ambientales transfronterizos". De esta manera, la comisión, encabezada por el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, ratificó la principal objeción que Argentina le hizo a Uruguay, referida a que Montevideo no aportó suficiente información sobre el funcionamiento de las papeleras a pesar de que los dos países se habían comprometido a consultar sobre las obras en cursos de agua compartidos. En el informe, Argentina señala que "al autorizar unilateralmente las plantas proyectadas, la República Oriental del Uruguay vulneró las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional general y del Estatuto del Río Uruguay de 1975".
