El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dispuso suspender durante todo 2025 la aplicación de un artículo clave del reglamento de los Vouchers Educativos.
Financiamiento
Se suspendieron las validaciones mensuales de los Vouchers Educativos hasta fin de 2025
La Secretaría de Educación resolvió dejar sin efecto, por este año, la obligación de que las instituciones privadas realicen controles mensuales sobre los beneficiarios. La medida busca evitar que se vean afectadas las trayectorias escolares hacia el cierre del ciclo lectivo.
Se trata del mecanismo que obligaba a las instituciones privadas con aporte estatal a realizar validaciones mensuales sobre los alumnos beneficiarios. Según la Resolución 1327/2025 publicada en el Boletín Oficial, la decisión busca garantizar que ninguna familia pierda la asistencia en la etapa final del año escolar.
Qué son los Vouchers Educativos
El Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” fue creado en marzo de 2024 por el Ministerio de Capital Humano. Su objetivo es otorgar una ayuda económica temporal a las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de subvención estatal.
El beneficio alcanza a quienes tienen ingresos familiares inferiores a siete salarios mínimos vitales y móviles. En la práctica, los vouchers funcionan como un alivio para sostener el pago de cuotas escolares y evitar la deserción en instituciones de gestión privada que dependen en gran parte de aportes públicos.
Desde su creación, el programa estuvo acompañado de un reglamento general que establecía que la prestación se entregara en dos o tres cuotas mensuales. Con el paso de los meses, la Secretaría de Educación fue ampliando la cobertura y extendió la asistencia hasta diciembre de 2024.
En abril de este año se lanzó la inscripción para 2025 y se introdujeron modificaciones al reglamento. Entre los cambios se encontraba el artículo 14, que regulaba las validaciones mensuales a cargo de las escuelas.
Estas verificaciones consistían en que las instituciones debían certificar la asistencia de los alumnos beneficiarios y el cumplimiento de los requisitos establecidos, con el fin de garantizar la transparencia del programa.
Qué cambia con la nueva resolución
La Resolución 1327/2025, firmada por el secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, establece de manera concreta la suspensión del artículo 14 del reglamento durante todo el año en curso. Esto significa que las instituciones educativas no estarán obligadas a realizar controles mensuales sobre cada estudiante becado.
La decisión se justifica en el contexto del cierre del ciclo lectivo. Según lo expuesto en los fundamentos de la norma, la medida busca evitar que la burocracia administrativa genere obstáculos para las familias y derive en la pérdida del beneficio en un momento clave del calendario escolar.
El texto oficial aclara que la suspensión tiene carácter excepcional y se aplica exclusivamente para el año 2025. No se especifica aún si el mecanismo de validaciones se retomará en 2026 o si habrá una revisión integral del reglamento del programa.
Un programa en revisión constante
La política de vouchers educativos ha estado en el centro del debate desde su implementación. Por un lado, se la presenta como una herramienta de alivio económico para las familias de clase media y sectores vulnerables que eligen la educación privada con apoyo estatal.
Por otro, algunos especialistas y sectores de la comunidad educativa advierten que este tipo de programas puede profundizar desigualdades y generar tensiones entre la educación pública y la privada.
Más allá de las discusiones, lo cierto es que en su primer año de funcionamiento el programa fue ajustándose con modificaciones en plazos, montos y requisitos. La ampliación de la cobertura a fines de 2024 y la nueva inscripción en 2025 mostraron la intención oficial de sostenerlo, aunque con cambios que respondan a la realidad del sistema educativo y la situación económica de las familias.
Con la suspensión de las validaciones, el Gobierno busca simplificar la gestión administrativa en el tramo final del año, con el argumento de proteger la continuidad escolar de los estudiantes beneficiados. La medida implica que, al menos hasta diciembre, no habrá riesgo de que un alumno pierda el aporte por cuestiones burocráticas.
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